El secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, exigió una verificación independiente de los hechos ocurridos en aguas cubanas, donde un operativo de las Tropas Guardafronteras dejó cuatro muertos y seis heridos. El incidente agrava la crisis diplomática entre Washington y La Habana.
El secretario de Estado, Marco Rubio, manifestó este miércoles la intención del gobierno estadounidense de actuar con firmeza una vez que se esclarezcan las circunstancias del enfrentamiento en el que una lancha con matrícula de Florida fue atacada por fuerzas cubanas, dejando un saldo de cuatro muertos, según versión del gobierno de la isla.
Durante una cumbre de la Comunidad del Caribe celebrada en San Cristóbal y Nieves, el jefe de la diplomacia evitó realizar conjeturas preliminares pero enfatizó la necesidad de obtener datos certeros más allá de la versión oficial del régimen isleño.
"No voy a especular ni a opinar; quiero saber qué ocurrió. Vamos a averiguar exactamente qué sucedió y responderemos como corresponde", declaró a la prensa durante el encuentro regional.
"Verificaremos de forma independiente y, a medida que recopilemos más información, estaremos preparados para responder en consecuencia", señaló el secretario de Estado.
Por su parte, el vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, confirmó que la Casa Blanca se encuentra monitoreando la situación de cerca. Vance reveló que fue informado por el propio Rubio y expresó su preocupación por la gravedad de los reportes iniciales, aunque admitió que todavía se desconocen muchos detalles sobre el estado de los sobrevivientes, quienes presuntamente son ciudadanos estadounidenses.
La versión del gobierno cubano
De acuerdo con la información difundida por el Ministerio del Interior de Cuba (Minint), el incidente ocurrió en las cercanías del canalizo El Pino, en la provincia de Villa Clara, cuando una lancha rápida modelo Pro-Line no obedeció las órdenes de detenerse y supuestamente abrió fuego contra la patrulla cubana.
Las autoridades de la isla aseguraron que los ocupantes tenían intenciones de realizar una infiltración con fines terroristas y reportaron la incautación de fusiles de asalto, armas cortas, artefactos explosivos artesanales, chalecos antibalas y uniformes de camuflaje.
El Minint también reportó la identificación de los involucrados en el presunto enfrentamiento armado. Entre los detenidos, las autoridades cubanas mencionaron a Amijail Sánchez González, Leordan Enrique Cruz Gómez, Conrado Galindo Sariol, José Manuel Rodríguez Castelló, Cristian Ernesto Acosta Guevara y Roberto Azcorra Consuegra, mientras que el único fallecido identificado hasta el momento es Michel Ortega Casanova.
De acuerdo con la información oficial, todos los participantes son cubanos residentes en los Estados Unidos y algunos de ellos, como Sánchez González y Cruz Gómez, figuran en la Lista Nacional de personas buscadas por las autoridades de la isla por su implicación en la promoción y planificación de actos de terrorismo.
Sin embargo, una investigación del diario The New York Times arrojó precisiones que contrastan con la imagen de una operación militarizada. Según el rotativo neoyorquino, la lancha atacada no pertenecía a la Guardia Costera ni a la Armada de Estados Unidos, sino que se trataba de una embarcación motora de unos siete metros construida en 1981, utilizada habitualmente como barco pesquero con capacidad para diez personas.
Reacciones políticas y acciones legales en Florida
La respuesta en el estado de Florida, donde estaba registrada la embarcación con el folio FL7726SH, fue inmediata y contundente. El fiscal general del estado, James Uthmeier, anunció la apertura de una investigación oficial coordinada con socios federales y agencias de aplicación de la ley para determinar las responsabilidades penales de los funcionarios cubanos involucrados en las muertes.
"He ordenado a la Oficina Estatal de Procuración que trabaje con nuestros socios federales, estatales y de aplicación de la ley para empezar una investigación. No se puede confiar en el Gobierno cubano, y haremos todo lo que esté en nuestro poder para que estos comunistas rindan cuentas", avisó a través de sus redes sociales, James Uthmeier.
Legisladores cubanoestadounidenses como Carlos Giménez y la congresista María Elvira Salazar también se pronunciaron sobre el suceso. Giménez calificó el acto como una masacre y demandó que las autoridades estadounidenses establezcan si las víctimas eran residentes legales o ciudadanos de los Estados Unidos, mientras que la alcaldesa de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, solicitó una evaluación completa e inmediata de lo ocurrido.
Este enfrentamiento armado se produce en un contexto de hostilidad creciente, marcado por el asedio petrolero que Washington ha redoblado sobre la isla y la reciente intervención estadounidense en Venezuela que culminó con la captura de Nicolás Maduro en enero.
Además, las tensiones se han agudizado desde que el gobierno de Donald Trump impusiera un bloqueo que busca obligar al régimen cubano a alcanzar un acuerdo político bajo nuevas condiciones.