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por The Conversation
·Tras una operación militar “especial” –teóricamente antiterrorista– de escasa duración, las tropas azeríes han logrado la rendición incondicional y la deposición de las armas de las precarias fuerzas armadas de Nagorno-Karabaj. ¿Qué significa para esta incansable guerra?
Tras una operación militar “especial” –teóricamente antiterrorista– de escasa duración, las tropas azeríes han logrado la rendición incondicional y la deposición de las armas de las precarias fuerzas armadas de Nagorno-Karabaj. Comienza, probablemente, la desactivación definitiva de un conflicto que llevaba congelado, con virulentos rebrotes militares, desde el año 1988.
¿Qué ha cambiado para que se haya producido este abrupto giro de los acontecimientos? En primer lugar, el desinterés hacia este enclave de las principales potencias con intereses regionales que podrían haber mantenido el apoyo a la autoproclamada entidad independiente de Artsaj y a su Estado-matriz, Armenia.
Francia, Estados Unidos y Rusia, como copresidencias del Grupo de Minsk en el marco de la Organización para la Cooperación y Seguridad en Europa (OSCE), no han conseguido ningún avance sustancial en la resolución político-diplomática del conflicto.
Desde que se creó en el año 1995, después de la Cumbre de Budapest de la organización regional, con el objetivo de supervisar el acuerdo suscrito por las partes tras cesar el conflicto militar en el año 1994, Armenia consiguió “congelar” el conflicto hasta el año 2020. Todo ello, además, unido a las incumplidas resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.
La posición de Rusia
Un segundo elemento relevante se deriva de las consecuencias geopolíticas y estratégicas de la agresión de Rusia a Ucrania. Desde los primeros choques interétnicos desarrollados entre representantes de la población armenia y azerí en el año 1988, las fuerzas armadas soviéticas y, con posterioridad, las rusas, han garantizado la interposición en el marco de las operaciones de mantenimiento de paz. Especialmente tras el Acuerdo Trilateral de 2020 entre los tres estados implicados (Armenia, Rusia y Azerbaiyán) con las autoridades de Stepanakaert, la capital de Nagorno-Karabaj, como observadores silentes de su suerte.
Sin embargo, la diplomacia “fluida” que Vladimir Putin mantiene con la Turquía de Erdogan –principal potencia regional que apoya incondicionalmente a Azerbaiyán–, sumado a las desavenencias importantes surgidas con Nikol Pashinián, primer ministro de Armenia, han propiciado que en este reciente episodio bélico el contingente ruso desplegado como fuerza de interposición se haya abstenido de intervenir conforme a su mandato.
La proyección exterior de Armenia
La tercera variable está conectada con la evolución de la política interna de Armenia y su proyección exterior. El primer ministro de Armenia, Nikol Pashinián, se hizo con el poder tras una serie de revueltas ciudadanas contra Sargsián, que intentaba perpetuarse como primer ministro tras la jefatura del Estado. Sus primeras visitas oficiales las hizo al enclave de Artsaj y a Putin, como declaración de intenciones de su mandato.
Sin embargo, la guerra de las seis semanas (2020), que permitió recuperar a Bakú parte del territorio perdido en 1994, se tradujo en una alteración del conflicto muy significativa. Además de quebrar la confianza armenia en el Kremlin, el coste militar, económico y social para esta república fue muy elevado.
Rusia fue requerida por Ereván, capital de Armenia, para acudir en su ayuda militar en el marco del acuerdo militar bilateral que mantienen ambas repúblicas y, en paralelo, en el marco de la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva, liderada por Moscú.
Putin estaba preparando en el año 2020, al amparo de la conmoción internacional debido a la pandemia de la covid-19, la campaña militar contra Ucrania. Apoyando al régimen de Lukashenko como futuro cooperador necesario de la agresión y reformando la Constitución de la Federación Rusa para poder perpetuarse en el Kremlin.
Por ello, ignoró las peticiones de auxilio de Pashinián y Armenia inició un viraje hacia una política exterior multivectorial y una aproximación hacia la Unión Europea y a Estados Unidos, país con el que recientemente ha realizado maniobras militares conjuntas tensando aún más las relaciones con Rusia.
El desarrollo de Azerbaiyán
El cuarto factor está ligado al espectacular desarrollo económico y militar de Azerbaiyán. La riqueza energética y la exportación de hidrocarburos ha propiciado la creación de unas modernas fuerzas armadas equipadas con un suministro en el que Israel y Rusia, que no hace distinciones y ha sido proveedor de ambas repúblicas, son los proveedores principales.
En menor medida aparece Turquía que, sin embargo, es su principal apoyo político y diplomático en un espacio postsoviético en el que Rusia pierde fuelle y en el que los intereses de China e Irán quieren ser frenados por Ankara.
¿Se ha dejado caer a Nagorno-Karabaj? Parece evidente que sí.
Pashinián había declarado tras dos cumbres celebradas sucesivamente en Bruselas y en Moscú en mayo y junio que estaba dispuesto a reconocer la integridad territorial de Azerbaiyán, incluyendo el enclave territorial en disputa desde la independencia de las respectivas repúblicas hace más de tres décadas.
Más allá de la compleja evolución histórica de la región, así como del puzzle interétnico del imperio ruso y de la extinta Unión Soviética, Armenia y Azerbaiyán fueron reconocidas internacionalmente como repúblicas independientes con Nagorno-Karabaj como parte integrante de la segunda y Najicheván, de mayoría étnica azerí, como república autónoma en el seno de la primera. Artsaj funcionó como estado de facto, pero no de iure. Sin el soporte económico y político de Armenia, los más de 100 000 habitantes de esta minoría no pueden sobrevivir como entidad estatal al margen de Azerbaiyán.
Así ha sucedido durante los pasados meses en los que el corredor de Lachín, que conectaba Nagorno-Karabaj con Armenia, ha permanecido bloqueado por los azeríes. La insostenibilibad de la situación ha concluido con la rendición de las fuerzas armadas del enclave territorial y con la petición de desarme completo y disolución de todos los grupos armados que operaban en la zona –incluidos los armenios–, así como la reintegración completa del territorio a la soberanía de Azerbaiyán.
Casi 40 000 víctimas mortales
Más de treinta años de conflictividad interétnica, con cerca de 40 000 víctimas mortales entre los dos conflictos bélicos (1988-94 y 2020) y las sucesivas escaladas y desescaladas, parecen llegar a su final. Sin embargo, es prematuro plantear que la tensión vaya a desaparecer de la región. Armenia ha realizado una forzosa concesión para intentar salvaguardar su propia integridad territorial, amenazada ahora por una Azerbaiyán potencialmente expansionista y con interés en conectar territorialmente Najicheván con su territorio.
El desastre humanitario es un peligro latente entre una población armenia de Nagorno-Karabaj que se debate entre huir hacia Armenia –abandonando tierras y propiedades– o apostar por un futuro igualmente incierto permaneciendo en Azerbaiyán, exponiéndose al revanchismo y a la conflictividad interétnica con la población azerí que vuelva a la región tras décadas de éxodo.
Los intereses de los principales actores regionales son múltiples y contrapuestos: el oleoducto Bakú-Tiflis-Ceyhan (BTC) exporta el 80 % del petróleo de Azerbaiyán hacia el Mediterráneo, pero también a través de una ruta alternativa vía Rusia. Exportó el pasado año algo más de 12 000 millones de metros cúbicos de gas natural a Europa y se encuentra ubicada estratégicamente en la Nueva Ruta de la Seda China.
Armenia tendrá que apostar por buscar apoyos sólidos en nuevos socios occidentales tras su fallida experiencia con Rusia. Parece que la potencia que tutelaba a ambas repúblicas ha alterado sus objetivos estratégicos en el antiguo espacio soviético tras la experiencia ucraniana. Y con ellos, la suerte de decenas de miles de personas que forman la población civil armenia. Nada nuevo en la geopolítica de las potencias internacionales.
José Ángel López Jiménez, Profesor de Derecho Internacional Público, Universidad Pontificia Comillas
Este artículo fue publicado originalmente en The Conversation. Lea el original.
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