El cartel de drogas de La Familia Michoacana declaró la guerra a las autoridades mexicanas tras la captura de uno de sus máximos líderes, lo que quedó patente hoy con la confirmación de que esa organización masacró a doce policías federales vestidos de civil.

"En la lucha contra la delincuencia no se dará un paso atrás", afirmó hoy en respuesta al crimen Monte Alejandro Rubido, portavoz de la Policía Federal, organismo de seguridad al que pertenecían los agentes asesinados.

La tarde del lunes fueron hallados en el municipio de La Huacana, ubicado a 570 kilómetros al oeste de la capital mexicana, los cuerpos apilados de once hombres y una mujer, maniatados y asesinados a tiros junto a una autopista del estado de Michoacán.

Según Rubido, los crímenes fueron ordenados por Servando Gómez Martínez, alias "La Tuta", quien recientemente asumió el control operativo de La Familia.

Esta organización inauguró hace tres años en México la práctica de decapitar a sus rivales y entre sus integrantes tiene a un medio hermano del gobernador de Michoacán, informó el funcionario.

El funcionario detalló que los agentes realizaban labores de investigación y al momento de ser emboscados se encontraban fuera de servicio.

La Familia Michoacana "se ha caracterizado por su virulencia" y "es la que con mayor beligerancia combate a la autoridad", por lo que "no debemos de sorprendernos de este tipo de reacciones", reconoció.

Los atacantes dejaron una nota en la que se lee: "los estamos esperando, vengan por otro", en aparente alusión a la captura el pasado sábado de Arnoldo Rueda, alias "La Minsa", uno de los capos de esa organización, la principal en el estado.

La detención de Rueda por parte de policías federales en Morelia, capital de Michoacán, fue respondida por sicarios de ese cartel con ataques el sábado, el domingo y el lunes contra instalaciones policiales en distintos municipios michoacanos, y en los estados de Guanajuato (centro) y Guerrero (sur), acciones que se saldaron al menos con tres policías muertos y 18 heridos.

Tras la caída de Rueda, que se encuentra ahora detenido preventivamente en Ciudad de México, integrantes de La Familia Michoacana intentaron en vano rescatarlo.

El desafío directo del narcotráfico contra las autoridades mexicanas parece estar dirigido especialmente contra la Policía Federal, organismo que junto al Ejército lidera las acciones contra el crimen organizado en el país y cuyos agentes capturaron a Rueda.

Entre sábado y lunes un grupo de desconocidos armados atacó a tiros, por segunda vez en las últimas horas, un hotel en Lázaro Cárdenas (Michoacán) donde se hospedan agentes federales, acción que dejó al menos un par de policías heridos.

El portavoz de la Policía Federal anunció hoy además la detención de Francisco Javier Frías Lara, alias "El Chivo", presunto jefe de La Familia en la ciudad de Petatlán, en el estado de Guerrero.

Frías, a quien se le decomisaron armas, marihuana y una granada, dijo a las autoridades que "La Tuta" asumió el control operativo de esa organización criminal tras la captura de "La Minsa".

Servando Gómez, "La Tuta", encabeza ahora una estructura criminal en la que se encuentran, entre otros, el ex candidato a diputado federal por el Partido Verde (PVEM), Saúl Solís Solís, prófugo de la justicia, según las investigaciones.

También figura Julio César Godoy Toscano, un diputado federal electo del Partido de la Revolución Democrática (PRD), supuestamente encargado de coordinar las redes de protección institucional de La Familia en varias ciudades de esa región mexicana y medio hermano del gobernador michoacano, Leonel Godoy Rangel.

Michoacán es un estado donde se cultivan de forma ilícita marihuana y amapola, y es receptor en su costa del Pacífico, principalmente a través del puerto de Lázaro Cárdenas, de cargamentos de cocaína y de precursores químicos para fabricar drogas sintéticas, la mayor parte de las cuales son enviadas a EE.UU.

En mayo pasado, las autoridades detuvieron a 30 funcionarios y ex funcionarios de Michoacán por supuestos vínculos con La Familia, entre ellos nueve ex alcaldes y diez alcaldes en funciones, de estos últimos siete son procesados y tres quedaron en libertad por falta de pruebas. EFE

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