Aunque el número de casos se considera mínimo entre el más de un millón de dosis ya inyectadas en España, la polémica toca a la ética de políticos y otros responsables como los directivos de centros de salud, con los directores de dos hospitales en el País Vasco que dejaron su cargo tras las críticas por vacunarse.
La vacunación de políticos contra la COVID-19, aunque no están entre los grupos con preferencia para recibir la dosis, está causando una creciente polémica en España, aunque pocos de los señalados por vacunarse antes de tiempo están dispuestos a dimitir.
El último caso entre los más sonados es el responsable de Sanidad de Ceuta, Javier Guerrero, quien este viernes recibía el apoyo del Gobierno de esta ciudad española en el norte de África, del conservador Partido Popular (PP), ante los pedidos desde la oposición para que dimita.
Los responsables de Sanidad están en primera línea en la lucha contra la enfermedad. Es uno de los argumentos en casos como este para justificar que un político se vacune, aunque la prioridad en el país pasa primero por las residencias de mayores o los profesionales sanitarios.
El protocolo, sin embargo, no detalla qué hacer cuando sobra una dosis, para evitar que se pierda si no se administra antes de que quede inservible en pocas horas, y esa es otra de las razones esgrimidas por algunos políticos, como alcaldes de pequeñas localidades, de partidos de distinto signo.
No consta tampoco que estén previstas sanciones, más allá de las consecuencias políticas, como la dimisión del responsable de Salud de la región de Murcia, Manuel Villegas, el político de más calado al que por ahora le ha costado el puesto el vacunarse antes de tiempo, y uno de los pocos, además.
Similares a las que se repiten desde que el pasado 18 de enero transcendieran los primeros casos de alcaldes vacunados, aunque en principio no les correspondía, en la provincia de Alicante.
UNA CUESTIÓN DE ÉTICA
Aunque el número de casos se considera mínimo entre el más de un millón de dosis ya inyectadas en el país, la polémica toca a la ética de políticos y otros responsables como los directivos de centros de salud, con los directores de dos hospitales en el País Vasco (norte) que dejaron su cargo tras las críticas por vacunarse.
La estrategia de vacunación en el país alude precisamente a esa ética para dar prioridad a quienes en más riesgo pueden estar ante el coronavirus, con un criterio de solidaridad para que todos los esfuerzos se centren en ellos.
No todo son pedidos de dimisión e incluso de investigación judicial, pues algunos gobiernos regionales han respaldado a sus políticos cuestionados y desde el ámbito corporativo la Sociedad Española de Directivos de la Salud ha calificado de "imprescindible" que se vacunen también los directivos junto a los profesionales sanitarios.
El presidente del Gobierno español, el socialista Pedro Sánchez, defendió este viernes que el "arma definitiva" para vencer al virus son las vacunas y el plan para administrarlas está funcionando, con España como tercer país europeo con más dosis administradas y el noveno en el mundo.
Desde que comenzó la campaña el pasado 27 de diciembre, España ha administrado del 82 por ciento de 1,3 millones de dosis recibidas, la mayoría del laboratorio Pfizer y el resto de la multinacional Moderna, según datos oficiales.
EFE
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