La ley estipula que desde el 15 de septiembre el personal sanitario debe demostrar que han recibido al menos una primera dosis de vacuna contra la COVID-19, y tener la pauta completa para el 15 de octubre.
El personal sanitario y otros colectivos profesionales en contacto con personas vulnerables, como los mayores, deben estar vacunados contra la COVID-19 a partir de mañana en Francia para poder seguir trabajando, bajo la amenaza de que se les suspenda el empleo y el sueldo.
Esta obligación, anunciada el 12 de julio por el presidente, Emmanuel Macron, y adoptada por una ley aprobada de urgencia a comienzos de agosto, ha acelerado en este tiempo el ritmo de vacunación entre esos colectivos en las últimas semanas, pero sigue planteando retos por los problemas de personal que puede suponer en ciertos centros.
La ley estipula que desde el 15 de septiembre deben demostrar que han recibido al menos una primera dosis, y tener la pauta completa para el 15 de octubre.
El Gobierno ha advertido de que habrá controles y se aplicarán las medidas de sanción, que son la suspensión de empleo y sueldo. Únicamente se retrasarán si las personas concernidas se toman vacaciones o días libres hasta que demuestren haber sido vacunadas.
Según los datos oficiales actualizados en línea por la agencia pública de sanidad, hasta el 12 de septiembre un 94,6 % de los médicos habían recibido al menos una dosis y un 92 % estaban completamente inmunizados.
En las residencias, los porcentajes entre el personal eran algo inferiores: un 89,3 % con una dosis y un 85,4 % con las dos.
Otras inclusiones
Además de los sanitarios y del personal de las residencias o de todo tipo de centros de salud, están sujetos a esta obligación los asistentes de personas con minusvalías o con enfermedades crónicas, el personal de transporte sanitario, los bomberos o los trabajadores de protección civil, entre otros.
En el dispositivo presentado por Macron el 12 de julio, para acelerar el ritmo de vacunación se impuso desde comienzos de agosto el certificado sanitario para muchos actos de la vida social, como ir a un estadio, al cine o incluso para tomar algo en un bar o en un restaurante.
Esa extensión del certificado sanitario, que demuestra haber finalizado la pauta de vacunación, haber superado la COVID-19 o tener una prueba negativo de menos de 72 horas, ha generado un movimiento de protesta, con manifestaciones que cada sábado sacan a la calle a decenas de miles de personas en todo el país desde hace nueve semanas.
Pero también ha tenido efecto sobre el ritmo de inmunización de la población general, de forma que Francia es uno de los países con mayor porcentaje de población vacunada de Europa y el mundo.
EFE
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