La propuesta del Gobierno francés ha generado gran controversia, puesto que algunas asociaciones consideran la asistencia sexual como prostitución, mientras que el presidente Emmanuel Macron ha asegurado que “el derecho a la vida sexual otorga dignidad”.
El Gobierno francés se encuentra estudiando la posibilidad de legalizar el trabajo de “asistente sexual” para personas que tengan algún tipo de discapacidad. Durante la Conferencia Nacional sobre la Discapacidad, el presidente Emmanuel Macron sostuvo que “el derecho a la vida sexual” otorga “dignidad” a este grupo de personas.
Esta iniciativa ha desatado la polémica, debido a que un sector de la población y algunas asociaciones consideran la “asistencia” como prostitución. Sin embargo, la secretaria de Estado de Discapacidad, Sophie Cluzel, aseguró el pasado domingo que consultará la opinión de las instancias pertinentes sobre la legalización de estas prácticas, que ya son aplicadas en países como Suiza, Bélgica y Alemania.
Los asistentes les permitirían a aquellos que no pueden tener relaciones sexuales por sí mismos acompañarlos “a la vida íntima, afectiva y sexual”, esto a pesar de que el Comité Consultivo de Ética se pronunció, en el 2012, en contra de este servicio, al considerar que supone un uso “mercantil” del cuerpo. En tanto, la secretaria de Estado cree que la sociedad francesa ha madurado y ha reevaluado condenar a las personas con discapacidad “a vivir una abstinencia no elegida”.
La Asociación para la Promoción del Acompañamiento Sexual (APPAS) comparte la opinión del Gobierno francés, además de proponer cursos de formación para las personas que deseen capacitarse en dar este tipo de servicios. Desde el 2014, un total de 80 personas han seguido sus cursos y aproximadamente 30 de ellos ejercen en la actualidad, según informó la presidenta de la asociación, Jill Prévôt-Nuss al diario Le Parisien.
Asimismo, aseguró que estas personas ejercen este servicio a pesar de que sea ilegal, y agregó que hasta el momento ninguno ha sido denunciado. La legalización se exige para que no puedan ser demandados en el futuro.
En la otra orilla, el organismo independiente consultivo del Gobierno, el Consejo para Igualdad entre Hombres y Mujeres se ha mostrado en contra de esta iniciativa, pues consideran que se trata de una “suerte de legalización de la prostitución”, que va en contra de la línea del Gobierno de combatir la explotación sexual.
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