Rappi es investigada en su país natal por denuncias de cobros indebidos y otras irregularidades

Las autoridades de Colombia abrieron la última semana una investigación contra la multinacional Rappi S.A.S. por presuntas violaciones a las normas que rigen el comercio electrónico y le ordenaron proteger al consumidor en el país. Así lo informó la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) en un comunicado en el que explicó que abrió "cargos y una investigación" por las elevadas y reiteradas quejas recibidas de los usuarios y consumidores de los servicios de Rappi en el país.

Los clientes aducen que Rappi hace cobros distintos a los que se anuncian en su plataforma, incumple ofertas que presentan, no les devuelve el cambio en dinero sino en créditos y realiza cobros de pedidos sin que se entreguen. También los consumidores dicen que la empresa incumple las garantías de los productos, hay demoras en las entregas de los pedidos y hace débitos de compras no realizadas.

Rappi, que nació en 2015 en Colombia como una "startup" de entregas a domicilio, tiene además operaciones en Argentina, Brasil, Chile, México, Perú y Uruguay. La entidad explicó que la decisión se adoptó luego de analizar la naturaleza del modelo de negocio de la sociedad que permitió concluir que Rappi S.A.S "funge como proveedor o expendedor de bienes y servicios a través de medios electrónicos (...) superando el alcance de los portales de contacto, por lo que ahora debe cumplir con las disposiciones del Estatuto del Consumidor".

La orden se fundamenta en las denuncias interpuestas ante esa entidad y las acciones de inspección y vigilancia que permitieron evidenciar que "Rappi S.A.S. es un proveedor de bienes y servicios a través de medios electrónicos y no un portal de contacto". El órgano de control también investigará a la empresa por "presuntas infracciones al Estatuto del Consumidor, en especial, por conductas relacionadas con comercio electrónico y publicidad engañosa, entre otras".

Acatan la decisión

Rappi deberá acreditar el cumplimiento de la orden impartida por la SIC dentro de los treinta días hábiles siguientes a la comunicación del acto administrativo. "El incumplimiento de tal orden daría lugar a la imposición de multas sucesivas", añadió la información que explicó que "contra la orden administrativa, no procede recurso alguno". Luego de conocer las decisiones de la SIC las directivas de Rappi dijeron en un comunicado que acatan y respetan las decisiones del órgano de vigilancia y control.

"Rappi es respetuosa de las decisiones tomadas por las autoridades de control colombianas, acatará sus órdenes e implementará las medidas respectivas", indicó la empresa. Añadió que luego de la información conocida a través de los medios de comunicación analizará la situación e "interpondrá los recursos estipulados por la ley que considere pertinentes". EFE