La Asamblea Constituyente aprobó la ley "contra la guerra económica"

La Asamblea Nacional Constituyente (ANC) de Venezuela, integrada únicamente por oficialistas, aprobó este martes una ley "contra la guerra económica" que busca regular las contrataciones públicas y favorecer a las pequeñas y medianas empresas del país.

En su artículo 1 indica que la ley "tiene por objeto el establecimiento de normas básicas de conducta para la administración pública en todos sus niveles que promuevan la honestidad, participación, celeridad, eficiencia y transparencia en los procesos de contratación y adquisición de bienes, servicios y obras públicas".

Regulación de las contraciones públicas

Según se explica desde el chavismo, este marco legal persigue facilitar "los mecanismos de control de procesos" relacionados con las contrataciones públicas. La ley consta de 20 artículos y tres disposiciones transitorias, habla de "estimular la participación equilibrada de todos los agentes económicos en la inversión y justa distribución de recursos destinados a las compras públicas".

Con esta nueva norma se crea un registro único de contratación pública que será regulado por el Ejecutivo, así como una "unidad de determinación objetiva y simple aplicación aritmética" que llevará por nombre Unidad para el Cálculo Aritmético del Umbral máximo y mínimo (UCAU), cuyo valor será determinado por el Ejecutivo.

La UCAU "será utilizada como multiplicador único a los fines de obtener el monto en moneda que corresponde a los umbrales máximos y mínimos establecidos por el ordenamiento jurídico para delimitar rangos de elegibilidad en los procesos de contratación pública", explica el texto en el artículo 6.

Apoyo al producto nacional

La ley también contempla sancionar con inhabilitaciones a los contratistas que presenten información falsa para obtener acuerdos, y remarca que este marco legal será aplicado "de forma preferente por la administración pública nacional, estatal y municipal".

Además, dice venir a favorecer al "valor agregado nacional" y al "talento humano nacional", con lo que se verían beneficiadas las ofertas que contemplen materia prima o activos fijos en la obra "de origen nacional" y las empresas con domicilio principal en Venezuela. (Con información de EFE)