Carlos Caro: La decisión sobre el cuerpo de Abimael Guzmán no es fácil para el fiscal porque podría haber represalias

El abogado constitucionalista señaló que en este caso "nadie quiere tomar una decisión" ya que, por ejemplo, el Poder Ejecutivo pudo haber dictado un decreto supremo que establezca un marco regulatorio para que la Fiscalía pueda optar por la incineración del cuerpo del cabecilla terrorista.

Ministro de Justicia invoca a la fiscal de la Nación disponer la cremación del cadáver | Fuente: RPP Noticias

El abogado constitucionalista Carlos Caro explicó que las leyes peruanas son claras al establecer (artículo 114 de la Ley General de Salud) que, si pasadas las 36 horas no hay un familiar que reclame el cuerpo de un fallecido, el cuerpo es dispuesto por el Estado, a través de la Morgue, que a su vez está a cargo del Ministerio Público para decidir si lo entierra o incinera.

En entrevista con RPP Noticias, precisó que este es el caso en el que se encuentra el cuerpo del cabecilla terrorista de Sendero Luminoso, Abimael Guzmán; sin embargo, señaló que, al parecer, en este caso "nadie quiere tomar una decisión" ya que "el Congreso no ha hecho nada, el Poder Ejecutivo ha dicho que decida la Fiscalía y para el fiscal no debe ser tan fácil".

"Si, por ejemplo, el fiscal tomara la decisión de hacer una incineración, él podría estar pensando que podría ser objeto de una suerte de represalia o una venganza. Yo no sé si las autoridades han pensado en eso y si le están dando al fiscal el suficiente respaldo y la suficiente protección para que tome una decisión acorde a ley", indicó.

Caro reconoció, no obstante, que la reunión que llevaría a cabo de manera virtual la Fiscalía con la condenada terrorista Elena Iparraguirre, esposa de Abimael Guzmán, tendría como objetivo coordinar la entrega del cadáver para que sea ella quien disponga sobre su futuro, pese a que la ley establece el plazo de las 36 horas.

"El Ejecutivo podría dictar un decreto supremo que tenga carácter impersonal para casos futuros o una resolución ministerial específica para el caso Guzmán. Lo ideal sería un decreto supremo por razones de orden interno y seguridad nacional que establezca un marco regulatorio para este tipo de casos y que la Fiscalía pueda optar por la incineración", indicó.

Ministro de Justicia solicita la cremación del cuerpo

El ministro de Justicia, Aníbal Torres, solicitó a la Fiscalía de la Nación que disponga la cremación de los restos del cabecilla y fundador del grupo terrorista Sendero Luminoso, Abimael Guzmán Reinoso, quien murió el sábado pasado tras permanecer 29 años en prisión.

Torres envió un oficio a la fiscal general de Perú, Zoraida Ávalos, para invocarle que "tome las acciones necesarias" para que el Ministerio Publico disponga la cremación de los restos Guzmán.

El ministro recurrió a la Ley General de Salud y la Ley General de Cementerios para indicar que "desde una lectura sistemática de estas normas se puede verificar que los cadáveres no reclamados, por no entregados, dentro de los plazos legales, quedan bajo la custodia del Ministerio Público".

Añadió que esta institución autónoma tiene "la potestad de donarlos con fines de investigación o no disponer dicha donación", por lo que "puede solicitar a un cementerio público la cremación del cadáver".

Torres también advirtió que ordenar la sepultura del fundador de Sendero Luminoso "podría conllevar a afectaciones al orden público y la seguridad" de la sociedad peruana, ya que "no se puede negar que para este sanguinario grupo terrorista los restos de este delincuente es un símbolo de su insania y buscaran enaltecerlo y homenajearlo".

"Es importante ponderar la adopción de medidas que, dentro del marco normativo vigente, protejan derechos fundamentales de las personas y los principios establecidos en nuestro ordenamiento constitucional", remarcó.

El ministro de Justicia formalizó, con este oficio, una opinión que ya había adelantado durante este fin de semana a medios locales, luego de que el Gobierno peruano señalara que el destino del cuerpo de Guzmán debía ser decidido por la Fiscalía.

En ese sentido, el Ejecutivo indicó que el gobierno del presidente Pedro Castillo respeta "la ley y la independencia de poderes" y no le "corresponde decidir sobre la disposición final del cuerpo del terrorista Abimael Guzmán, pues es competencia del Ministerio Público".

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