Anteproyecto de Código de Consumo genera polémica

Ad portas de su publicación en el diario El Peruano, programada para este domingo 18 de octubre, ya hay voces críticas contra el Anteproyecto del Código de Consumo, que, a priori, propone establecer como política de Estado la protección y defensa de los consumidores.

En Enfoque de los Sábados, el economista Gonzalo Prialé, presidente de la Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional (AFIN), consideró que el anteproyecto no debió omitir los derechos de los proveedores que, en su opinión, no son defendidos por esta normativa.

"Llama la atención que en este código se establecen claramente y con extremo detalle los derechos de los consumidores y las obligaciones de los proveedores. Sería bueno agregar los derechos de los proveedores, peque evidentemente los tienen. Hay una omisión, no hay simetría", señaló.

Asimismo, cuestionó que el anteproyecto habla de fijar un "precio justo" en el mercado, lo que calificó como "una medida estatista desfasada". Rechazó, además, que la norma determine que las organizaciones defensoras de los derechos del consumidor reciban un porcentaje de las multas por las infracciones que denuncian.

"Hay un subcapítulo de servicios regulados, donde se hace referencia a la fijación de un "precio justo". El famoso "precio justo" significó la ruina de la economía nacional. Se acumularon 30 mil millones de dólares de pérdidas en empresas públicas, y los servicios de luz y telefonía era una porquería", señaló.

"Resulta que se crean convenios de cooperación donde la nueva autoridad celebrará convenios de cooperación con asociaciones de consumidores, y estas asociaciones podrán disponer del 40% de las multas que se generen en procedimientos promovidos por estas. Es el mundo al revés. Es un campeonato de multas", apuntó.

En la misma tónica, el doctor Rolando Castellares, experto en derecho bancario, consideró que el Anteproyecto del Código de Consumo no debió salir prepublicado sin que antes se realicen las consultas a los sectores afectados.

"Como también lo han indicado, hubiese mejor que antes de la prepublicación de hagan las consultas a los distintos sectores afectados y con los aportes de ellos se presenten para una discusión mayor", señaló el experto.

Por su lado, Jaime Delgado, presidente de la Asociación Peruana de Consumidores y Usuarios (ASPEC), explicó que el llamado "precio justo" al que hace referencia el anteproyecto hace referencia solo a los servicios regulados, donde no hay competencia. Asimismo, dijo que la norma no incluye los derechos de los proveedores, ya que estos están regulados por las leyes.

"Es absolutamente injusto que se califique de estatista esta medida (el "precio justo"). Se refiere a servicios regulados. Se refiere a servicios donde no existe competencia. El Estado fija el precio con el ente regulador. Una tarifa justa garantiza una utilidad razonable para el consumidor", apuntó.

Además, aseguró que en varios países del mundo las organizaciones en defensa del consumidor, como la que él preside, reciben un porcentaje de las multas por las infracciones que denuncian.

"Sin asociaciones de consumidores fuertes, sólidas, es imposible una defensa del consumidor. Todos los estados en el mundo han generado mecanismo de apoyo a las organizaciones reguladoras", comentó.

En tanto, la ex ministra de Justicia Rosario Fernández recordó que este anteproyecto es revisable, incluyendo las recomendaciones que se presenten en los próximos días. Sobre el polémico "precio justo", reconoció que el término puede generar duras. "Creo que dicho de una manera académica, la utilizaciones de determinados términos podrían llevar a ese concepto", dijo.