Propuesta dictaminada en Comisión de Transportes comprende también declarar de interés nacional la prevención y control de los accidentes de tránsito.
La Comisión de Transportes y Comunicaciones del Congreso aprobó, por unanimidad, una iniciativa legislativa que propone declarar en emergencia el transporte y la seguridad vial a nivel nacional por un lapso de 180 días.
De acuerdo a la iniciativa, el Poder Ejecutivo deberá impulsar y ejecutar las acciones inmediatas destinadas a la reducción y minimización de los riesgos existentes en la red nacional, departamental y local, de lo que tendrá que dar cuenta al referido grupo de trabajo.
La propuesta comprende también declarar de interés nacional la prevención y control de los accidentes de tránsito y la seguridad vial en el país, a fin de reducir los accidentes de tránsito mediante actividades de educación en los diferentes niveles educativos y la difusión correspondiente.
El legislador Juvenal Silva, autor del proyecto, señaló que el objetivo del mismo es hacer frente a la ola de accidentes que a diario afecta al país. Añadió que ya son más de 3 mil 400 muertos por esta causa en lo que va del año.
Por su parte, el parlamentario César Zumaeta calificó la iniciativa de interesante, pero consideró que si no se entregan los recursos presupuestarios necesarios para ejecutar la norma al Ministerio de Transportes, sólo tendrá un efecto declarativo.
El aporte del congresista aprista fue tomado en cuenta para la redacción del proyecto.
La ministra de Justicia, Rosario Fernández, presentó el último viernes diversas propuestas legales que buscan que los juicios a conductores que manejan en estado de ebriedad no prescriban, y refuerzan además los procesos para quienes ocasionen la muerte de los transeúntes.
Precisó que una de las iniciativas dispone la elevación, de uno a cuatro años, del máximo de pena a aquellos conductores por el simple hecho de conducir bajo los efectos del alcohol o las drogas.
Así, dijo la titular de Justicia, se evitará la prescripción y la consiguiente extinción de la acción penal.
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