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Nueve meses de prisión preventiva dictó el Juzgado de Investigación Preparatoria, contra seis de los siete ciudadanos de nacionalidad colombiana; detenidos el pasado jueves acusados de conformar presuntamente una organización criminal dedicada al lavado de activos y préstamo de dinero sin autorización de la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS).

La Fiscal Provincial Especializada contra el Crimen Organizado, Rosmery Mendoza, investiga a Luz Neyda Gaviria Ospitia, Luis Alberto Taborda Córdoba; Víctor Manuel Cerna Estrada, Claudia Giraldo Echeverry, Pastor Gaviria Castillo y Alfredo de Jesús Taborda Taborda; por los presuntos delitos de Lavado de Activos y Asociación Ilícita para delinquir.

En tanto Olga Córdova Torres, también detenida durante el megaoperativo, desarrollado el pasado 23 de abril en cinco viviendas (Cayma y Cerro Colorado) con orden de descerraje y allanamiento; donde se incautó dinero en efectivo, computadores y documentos que los vincula a la presunta comisión de los delitos materia de investigación; afrontará el proceso con comparecencia restringida pagando una caución de mil nuevos soles.

Durante la audiencia que duró más 9 horas; la fiscal Rosmery Mendoza; dio detalles de cómo operaba esta organización criminal no sólo en la ciudad de Arequipa y en las regiones de Moquegua y Tacna; haciendo préstamos de dinero de procedencia dudosa y el cobro se realiza bajo amenaza psicológica e inclusive mediante la coacción con armas de fuego.

El juez, Eddy Leva; admitió el pedido del Ministerio Público tras escuchar los argumentos de la acusación y los descargos de los abogados de la defensa técnica de los acusados, por existir graves y fundados elementos de convicción en la comisión de los presuntos delitos de Lavado de Activos y Asociación ilícita para delinquir; no contar con arraigo domiciliario por ser ciudadanos extranjeros acreditándose el peligro procesal y de fuga, debido que la pena supera los 8 años de cárcel.

La magistrada, dijo que la intervención contra la criminalidad organizada se realizó, gracias al trabajo planificado de seguimiento y vigilancia, coordinado y monitoreado entre el Ministerio Público y la Policía Nacional del Perú; contando con el apoyo de los fiscales de las Fiscalías Especializadas Anticorrupción y Lavado de Activos. La decisión; del juez de Investigación Preparatoria de la casa de Justicia de Cerro Colorado; fue apelada por los abogados defensores de los acusados.

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