Juez declaró infundado pedido de prisión preventiva hecho por Ministerio Público, pero dispuso pago de caución civil de 21 mil soles.
Los tres ciudadanos acusados por el presunto delito de extorsión al alcalde del distrito de Vítor, Cristhian Cuadros Treviño, se encuentran con comparecencia con restricciones, de acuerdo a la resolución dictada tras la audiencia de pedido de prisión preventiva a cargo del titular del Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior de Justicia de Arequipa.
El magistrado declaró infundado el requerimiento formulado por la fiscal Silvia Pinto para la abogada Helen Verónica Aizcorbe Delgado; Dayana Díaz Cruz, secretaria del contralor general de Arequipa; y el abogado Elder Llerena Pancorbo, al no existir elementos graves y fundados que los vinculen con el presunto delito investigado.
Tipificación que fue cuestionada por los abogados defensores de los investigados, quienes indicaron durante la audiencia que los hechos ocurridos según la denuncia del burgomaestre, estarían comprendidos en los presuntos delitos de chantaje en el caso de Aizcorbe, y para Díaz y Llerena presunta estafa.
Durante la audiencia, la abogada Aizcorbe Delgado, expresó que “… yo no me podría sustraer de la investigación porque soy madre de 2 hijas, una de ellas con problemas de salud, en todo momento he mostrado colaboración eficaz desde el momento que me han intervenido, tengo solvencia económica para tratar a mi hija, yo tengo 14 años de casada y soy docente universitaria…”.
En la resolución se dispuso, reglas de conducta que deben cumplir los investigados como asistir cada lunes de semana al juzgado para justificar actividades, no variar el domicilio familiar, asistir a todas las citaciones derivadas del proceso en el que es investigada y pagar una caución de 15 mil nuevos soles.
Mientras que Dayana Díaz y Elder Llerena deberán asistir el primer día hábil del mes para justificar sus actividades al juzgado, no variar el domicilio real y pagar una caución individual de tres mil nuevos soles a fin de garantizar su presencia en el proceso de investigación.
Decisión que fue aceptada por la defensa de los procesados, mientras que la representante del Ministerio Público se reservó su derecho de apelar la resolución.
La audiencia se realizó en medio de extremas medidas de seguridad por parte de la policía y seguridad interna de la Corte Superior de Justicia.
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