Esta forma de delito no tiene la espectacularidad del narcotráfico, la minería ilegal y el sicariato. Su modalidad de acción se basa precisamente en el silencio, porque el objetivo es hacer desaparecer personas o hacerlas renunciar a su dignidad para enriquecerse con su trabajo o explotarlas sexualmente. Y las víctimas son principalmente niños, adolescentes y mujeres.
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En el Perú, nos hemos acostumbrado a los discursos altisonantes, como si la retórica maniquea pudiera ayudarnos a resolver los problemas que enfrentamos. Todos estamos instalados en un clima electoral antes de tiempo, y sin embargo ninguno de los partidos hace propuestas para mejorar la política frente a la delincuencia y el crimen organizado. Por eso es importante destacar el trabajo riguroso y tenaz de una organización no gubernamental como Capital Humano y Social.
Hoy presentará su noveno Informe sobre la trata de personas y delitos contra la dignidad humana. Desde su fundación hace más de veinte años Capital Humano y Social se ha concentrado en una modalidad criminal que existe desde antes del descubrimiento de la pólvora: el sometimiento de seres humanos al estado de esclavitud.
Esta forma de delito no tiene la espectacularidad del narcotráfico, la minería ilegal y el sicariato. Su modalidad de acción se basa precisamente en el silencio, porque el objetivo es hacer desaparecer personas o hacerlas renunciar a su dignidad para enriquecerse con su trabajo o explotarlas sexualmente. Y las víctimas son principalmente niños, adolescentes y mujeres.
No se trata solamente de poblaciones al margen de las ciudades y de comercio de carne humana en campamentos mineros. Nuestras ciudades están llenas de bares y hoteles a los que entran y salen personas que han perdido su identidad y dependen de sus explotadores. El noveno informe da cuenta del impacto de factores como el aumento de la migración.
Si bien los extranjeros han sido siempre vulnerables, en el informe del 2014 no se registraba entre las víctimas ningún migrante venezolano, mientras que ahora la cifra llega al 85 %. Pero quizás lo más grave sea la falta de transparencia de entidades públicas: de 17 ministerios consultados, solo contestaron 11. Peor aún, de los 26 gobiernos regionales, solo contestaron 4. Y el porcentaje es aún más bajo entre las municipalidades provinciales. No existe solución a los problemas si carecemos de diagnósticos y, sobre todo, de la movilización de la sociedad civil.
Las cosas como son
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