Los agentes penitenciarios investigados son Alejandro Dávila Sánchez y Faustino Pingo Zapata.
El jefe de la región Norte del Instituto Nacional Penitenciario, Henry Cotos Ochoa, dispuso el inmediato cierre de la Oficina de Coordinación Judicial, a raíz de presuntas irregularidades que se venían registrando en la salida de internos del penal de Chiclayo, región Lambayeque.
Se conoció que en la referida dependencia, que operaba en la nueva sede de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, se recibían las papeletas de libertad, resoluciones de sentencias, audiencias de los internos, entre otras; incluso sin tener sello y firma del juzgado o sala correspondiente.
“El trámite normal es que el notificador del Poder Judicial se traslade al penal y deje las órdenes firmadas; sin embargo, personal del Inpe las estaba recabando en la sede judicial (…) Hay varios agentes que están siendo investigados y de detectarse actos de corrupción serán destituidos”, aseveró.
Los agentes penitenciarios investigados son Alejandro Dávila Sánchez y Faustino Pingo Zapata. El primero se desempeñó como coordinador de la oficina clausurada y además fue quien suscribió la programación y salida del penal, presuntamente irregular, del burgomaestre de Pomalca, Ever Altamirano, a una audiencia en Chiclayo.
En su defensa, el aludido refirió que este hecho no fue anómalo, pues recibió de parte de la especialista de la Primera Sala Penal de Apelaciones, Araceli Sánchez Meoño, la programación de traslado del burgomaestre en cuestión.
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