La titular de la Defensoría del Pueblo, Beatriz Merino, informó que el caso de los adolescentes torturados en la comisaría de Apolo se investiga en la Cuarta Fiscalía Supranacional.
La Defensora del Pueblo, Beatriz Merino, confirmó las identidades de los presuntos responsables de la tortura a la fueron sometidos dos adolescentes de 16 y 17 años en la comisaría de Apolo (La Victoria), el pasado 15 de mayo, debido a que robaron un celular.
Se trata de los efectivos Edgard Rivera Miranda, Jorge Rodríguez Fernández y Christian de la Cruz, quienes, presuntamente, habrían desnudado y golpeado por un espacio de 20 minutos.
Tras lamentar el hecho, Merino adelantó que el caso se encuentra en manos de la Cuarta Fiscalía Supranacional, lugar al que se dirigirán, en las próximas horas, personal de la Defensoría a fin de recabar información necesaria para la investigación de oficio iniciada.
De otro lado, Merino Lucero saludó el fallo del Tribunal Constitucional (TC) que ordenó la reincorporación de un alumno de la Escuela de Suboficiales PNP debido a sus tendencias homosexuales.
"El Tribunal Constitucional ha señalado que lo sancionable es una práctica de relaciones sexuales en espacios formativos y educativos y esto debe ser sancionado de acuerdo a la normatividad de cada institución", sostuvo.
"La identidad sexual del demandante no es relevante en el caso porque el Estado tiene que proteger la esfera privada. Es un fallo que desde la Defensoría consideramos adecuado", comentó en diálogo con RPP.
Se trata de los efectivos Edgard Rivera Miranda, Jorge Rodríguez Fernández y Christian de la Cruz, quienes, presuntamente, habrían desnudado y golpeado por un espacio de 20 minutos.
Tras lamentar el hecho, Merino adelantó que el caso se encuentra en manos de la Cuarta Fiscalía Supranacional, lugar al que se dirigirán, en las próximas horas, personal de la Defensoría a fin de recabar información necesaria para la investigación de oficio iniciada.
De otro lado, Merino Lucero saludó el fallo del Tribunal Constitucional (TC) que ordenó la reincorporación de un alumno de la Escuela de Suboficiales PNP debido a sus tendencias homosexuales.
"El Tribunal Constitucional ha señalado que lo sancionable es una práctica de relaciones sexuales en espacios formativos y educativos y esto debe ser sancionado de acuerdo a la normatividad de cada institución", sostuvo.
"La identidad sexual del demandante no es relevante en el caso porque el Estado tiene que proteger la esfera privada. Es un fallo que desde la Defensoría consideramos adecuado", comentó en diálogo con RPP.
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