Comisión de Defensa del Consumidor del Congreso busca reducir las pensiones escolares. | Fuente: Andina

La Comisión de Defensa de Consumidor del Congreso aprobó un dictamen que propone bajar los precios de las pensiones de colegios privados durante la emergencia sanitaria y en el caso de que exista una diferencia sustancial entre las clases presenciales y la modalidad virtual.

Al respecto, el presidente de dicho grupo de trabajo, José Luna Morales, explicó que el objetivo de la iniciativa es otorgar facultades al Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi), como ente rector, para modificar los términos de los contratos celebrados entre los padres y las escuelas. 

"El dictamen apunta a que haya un mecanismo mediante el cual Indecopi tenga la capacidad de solucionar los problemas de los padres de familia en condiciones de desastres naturales, emergencia nacional o catástrofes", señaló Luna Morales.

El titular de Defensa del Consumidor recordó que el marco legal actual de Indecopi no le permite intervenir a este nivel, pero que con las facultades adicionales que buscan otorgarle, el ente podría revisar los convenios en caso de que exista una diferencia "importante y real" entre las clases presenciales y la modalidad virtual ofrecida por la institución educativa.

"Si me daban un servicio presencial de 5 horas diarias y hemos pasado a un servicio de 1 hora y media o dos horas y media diarias, hay una amplia variación, tiene que cambiarse el contrato con el cual se inició", indicó.

¿Qué busca el proyecto de ley?

El dictamen busca prohibir que los centros educativos equiparen el costo de la modalidad no presencial con el costo de la modalidad presencial.

Los colegios no podrían incluir los siguientes conceptos al calcular la pensión por clases virtuales:

  • Depreciación de bienes muebles e inmuebles
  • Servicios básicos de internet, agua, luz y telefonía.
  • Gastos en materiales para uso de docentes.
  • Transporte escolar, actividades extracurriculares, talleres, alimentación y afines.
  • Seguridad y vigilancia.
  • Franquicias, licencias y convenios que se celebran entre entidades vinculadas.
  • Mantenimiento de los inmuebles, equipamiento e infraestructura
  • Publicidad y merchandising
  • Seguros de los bienes muebles e inmuebles
  • Alquiler de inmuebles
  • Cualquier otro servicio que no tenga incidencia directa con la educación no presencial.

El documento indica que los colegios también deberán garantizar una cantidad de horas mínimas de clases no presenciales y deberán tener como máximo 30 alumnos en cada clase.

Además, deberán poner a disposición de los padres de familia la real situación financiera de la institución educativa, la estructura de costos, pagos de planilla, gastos e inversiones en materia educativa, entre otros.

El proyecto aún está a la espera de ser debatido en pleno del Parlamento para ser aprobado o rechazado.