Contraloría detecta deficiencias en comedores populares y ollas comunes de 194 municipalidades en el país

Presencia de insectos, roedores, ventanas rotas, polvo y extintores vencidos. Estas son solo algunas de las deficiencias que enfrentan las ollas comunes y comedores populares de 194 municipalidades provinciales y distritales en todas las regiones del país. Así lo detectó la Contraloría General de la República en el operativo "Gestión del Programa de Complementación Alimentaria" que realizó durante julio de este año.

Las ollas comunes y comedores populares brindan alimentos a niños y adultos en situación de vulnerabilidad y son los gobiernos locales quienes deben garantizar su compra, almacenamiento y distribución, según el reglamento del Programa de Complementación Alimentaria (PCA) del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social.  

Sin embargo, a lo largo de los últimos años se han advertido serias deficiencias en la adquisición, distribución y almacenamiento de alimentos por parte de las municipalidades, sostiene Claudia Moura, supervisora de la gerencia de control Social y Cultural de la Contraloría. 

"Tenemos deficiencias en cuanto a que el ambiente no es exclusivo [solo para alimentos], a que no presenta seguridad, podemos ver plagas, pesticidas o incluso presencia de roedores. También tenemos problemas con los controles de ingreso y salida de los productos. Los comedores populares y ollas comunes tienen como beneficiarios niños en estado de desnutrición, personas que se encuentran en extrema pobreza (...) Necesitamos que los programas funcionen, que cumplan su finalidad", explica Moura. 

Regiones con aumento de anemia presentan deficiencias

La presencia de ollas comunes y comedores populares es clave para luchar contra la anemia infantil. En el Perú, el 35.3% de niños menores de 3 años tiene esta enfermedad, según la última Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES) y la medición actualizada de la Organización Mundial de la Salud que el Minsa utilizó para medir esta enfermedad. Aunque en todas las regiones se hallaron deficiencias, preocupa especialmente la situación en aquellas donde la anemia aumentó con mayor fuerza el último año.

Cusco fue la región donde más creció la anemia en 2024 afectando al 45.3% de los niños y niñas menores de 3 años. En esta misma región, la Contraloría inspeccionó 26 locales -entre almacenes, comedores populares y ollas comunes- distribuidos en 13 municipalidades, y encontró 56 irregularidades, según se consigna en el portal web de esta entidad. 

Por ejemplo, en el almacén de la Municipalidad de Calca se encontró veneno para ratas cerca a cajas de aceite y en la Municipalidad de Chumbivilcas se detectó que el techo del almacén tenía una abertura que permitía el ingreso de aves. 

En el caso de la olla común "Sumaq Mijuna", que pertenece a la municipalidad provincial del Cusco, se reportó presencia de insectos y telarañas en el mismo lugar donde tienen sacos de arroz abiertos. Incluso habían productos de limpieza al costado de estos alimentos.  

En conversación con RPP Data, el gerente de Desarrollo Humano y Social de esta municipalidad, Luis Soria, reconoce que no cuentan con el personal suficiente para capacitar a los comedores y ollas comunes y garantizar su higiene. 

"Nosotros atendemos a 39 comedores y 7 ollas comunes con más de 4 mil beneficiarios. La capacidad que tiene la municipalidad para controlar, supervisar y monitorear no es la suficiente; sin embargo, hacemos los esfuerzos necesarios. Brindamos talleres de capacitación para la preparación de alimentos, pero no tenemos el personal suficiente para estar detrás de ellos", sostiene el funcionario cusqueño. 

Agrega que ya entregaron a la Contraloría el plan de acción para mejorar estas condiciones y realizarán un monitoreo de todos los comedores populares y ollas comunes. 

Comedores sin acceso a agua y saneamiento

Cajamarca es la segunda región con más aumento de anemia infantil llegando al 40,6% en 2024. Aquí la Contraloría supervisó 32 locales entre almacenes, ollas comunes y comedores, ubicados en 13 municipalidades y halló 40 irregularidades.

En la Municipalidad de San Miguel se encontraron insectos vivos y muertos dentro del "maíz para mote pelado" y dentro de las cajas del producto "filete de caballa" se encontraron arañas. Mientras que en la Municipalidad de San Marcos se encontraron galones de lejía en el almacén de alimentos. 

En el caso del Comedor "Santa Ana", a cargo de la Municipalidad Provincial de Cajamarca, se identificó que no cuenta con desagüe, tiene paredes solo de calamina y existen cables eléctricos en el mismo lugar donde se preparan los alimentos. RPP solicitó declaraciones a esta municipalidad, indicaron que responderían, pero hasta el cierre de este informe no lo hicieron.

En Puno, región donde el 53.1% de niños tiene anemia, la Contraloría inspeccionó los locales de 13 municipalidades y halló 47 irregularidades. En el comedor popular "Micaela Bastidas" de la Municipalidad Provincial de Sandia, se evidenció que "el lugar del almacenamiento no se encuentra protegido" y es propenso al ingreso de insectos y roedores. 

También en otros cuatro comedores populares, a cargo de la Municipalidad Provincial de Puno, se detectó la presencia de insectos muertos, objetos cubiertos de polvo y alimentos mal almacenados. RPP intentó comunicarse con el alcalde provincial; pero tampoco obtuvo respuesta.

La responsabilidad de los funcionarios municipales no termina en la compra de los alimentos. Su almacenamiento y cuidado puede definir si estos llegan seguros a la mesa de los niños. Así lo advierte Jessica Huamán, nutricionista y vocera de la Plataforma de Seguridad Alimentaria.

"El almacenamiento tiene que ser correcto, en un lugar adecuado que no tenga mucha humedad, donde se calcule la temperatura específica para los alimentos. No se puede almacenar al costado de insecticidas, contaminantes o químicos porque esto podría afectar al alimento como tal y podría generar alguna intoxicación en futuro. Hay un gran porcentaje de niños y niñas que son atendidos por estas organizaciones y son más propensos a estar expuestos", recomienda Huamán. 

Baja ejecución del presupuesto

Todos los años el gobierno central asigna presupuesto para que los gobiernos locales gestionen el Programa de Complementación Alimentaria (PCA) y puedan adquirir los productos alimenticios que necesitan para los comedores populares y ollas comunes. Sin embargo, desde la Contraloría han advertido que hay algunas municipalidades que no están ejecutando ese presupuesto. 

"Algunas de las municipalidades que no han comprado los productos son Abancay en Apurímac o Quispicanchis en Cusco", detalla Claudia Moura, vocera de la Contraloría. Explica además que el que no hayan usado el dinero significa que 22 mil personas vulnerables de estas regiones aún no han accedido al programa de complementación alimentaria.

RPP Data revisó la ejecución en el portal de Consulta Amigable del Ministerio de Economía y encontró que, a la fecha, la Municipalidad de Abancay solo ha usado el 5.4% de los 3,997,593 millones de soles que tiene asignados para este programa. Mientras que la Municipalidad de Quispicanchis en Cusco ha utilizado solo el 3.3% de los 861,408 soles destinados para la alimentación complementaria. 

"Es necesario que se genere transparencia por parte de los gobiernos locales, a través de una página web tal vez, donde se pongan las actas de repartición de alimentos para saber a qué organizaciones les ha llegado y en qué fecha. De esa forma sabremos cuántos beneficiarios son atendidos", sostiene Jessica Huamán, vocera de la Plataforma de Seguridad Alimentaria.

Otras regiones con más del 40% de anemia infantil como Loreto, Amazonas, Ayacucho, Madre de Dios, Arequipa, Apurímac, Ucayali, Huánuco y Junín también fueron supervisadas por las deficiencias en la gestión de sus comedores populares y ollas comunes. 

Desde la Contraloría indican que están trabajando de la mano con los gobiernos locales. "Tenemos un rol más preventivo y estamos acompañando la gestión de estos procesos con las municipalidades, de forma que todo lo que ha sido revelado se tome en consideración para un actuar oportuno e inmediato para beneficiar a la población", agrega Moura. 

Las 194 municipalidades supervisadas tienen 45 días, desde la notificación de la Contraloría, para implementar un plan de acción. Hasta la fecha solo la Municipalidad de Paruro y la Municipalidad Provincial de Cusco han presentado un plan a la entidad.