La Contraloría General de la República exigió al Gobierno Regional de Áncash (GRA) que restituya la capacidad operativa del Órgano de Control Institucional de acuerdo a Ley 27785, a fin de garantizar el desarrollo del servicio de control en la sede gubernamental.
Según el informe N°2-2015 de la Contraloría, el gobierno regional no ha cumplido con el pago de remuneraciones ni con la renovación de contrato de nueve profesionales para esta labor de control, por lo que se ha reducido la capacidad operativa del Órgano de Control Institucional (OCI) en más del 50%.
Asimismo, advierte que de no destinar fondos y contratar al personal idóneo, se verán obligados a tomar medidas para determinar las responsabilidades penales y administrativas derivadas de la referida infracción.
En este sentido, demanda al gobernador Waldo Ríos Salcedo y al consejo regional que dispongan la inmediata restitución de la capacidad operativa del Órgano de Control Institucional (OCI) a fin de garantizar que no se obstaculice e interfiera con la función de control legal, la cual contribuye en la lucha contra la corrupción.
