Cuestionan informe de la Defensoría del Pueblo sobre penal de Chiclayo

El viceministro de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia, Ernesto Lechuga Pino, se pronunció sobre el informe de presuntas irregularidades en el penal de Chiclayo, difundido por la Defensoría del Pueblo, tras el incendio y reyerta del último sábado.

“Quisiera hacer una advertencia, hemos visto el informe y está hecho en base a una encuesta aplicada solo a 118 internos de un total de 3 209. Yo creo que este informe debe de ser revisado con mucho cuidado”, expresó.

Por su parte, el jefe de la Región Norte del Inpe, Henry Cotos Ochoa, también cuestionó las imputaciones formuladas por la Defensoría del Pueblo y adelantó que el personal de su institución evalúa adoptar una serie de medidas legales.

“Este informe es novelístico, inmaduro y de ciencia ficción. Es irresponsable tratar de enlodar a un grupo humano que todos los días luchan por conservar el orden. Los establecimientos no son albergues de monjes o cuna de sacerdotes. En qué sano juicio se va a encuestar a reos que están aislados (…) Hacen un informe sin consignar nombres de los corruptos, no niego que hay corrupción en los recintos, pero nosotros estamos trabajando para meterlos presos”, expresó.

Cotos reveló también que en una de las fechas en la que se aplicó la encuesta, cinco representantes de la Defensoría del Pueblo en Chiclayo, encabezados por Julio Hidalgo Reyes, pretendieron ingresar al recinto carcelario sin contar con autorización.

Asimismo, según la Nota Informativa N°005-2015- suscrita por el agente INPE, Hugo Tequén Cornejo, buscaban pasar tres celulares con una cámara fotográfica y además se negaron a pasar el habitual registro personal, aduciendo que están exceptuados por ley.

También se indica que los funcionarios en cuestión trataron de manera prepotente al personal INPE y amenazaron con informar de lo sucedido al presidente de la institución, Julio Magán.

Finalmente, el jefe de la Región Norte demandó la designación de funcionarios más competitivos y que no entren en conflicto con las autoridades penitenciarias, ya que todo tipo de visita está sujeta a medidas de revisión.