Cusco: demandan a Ejecutivo por omitir consulta previa en Espinar

La Asociación por la Vida y Dignidad Humana y el Instituto de Defensa legal (IDL) informó que el  21 de julio en horas de la mañana los pobladores de la comunidad campesina de Huisa se hicieron presentes en el juzgado mixto de Espinar, en Cusco, a fin de interponer una demanda de Amparo por la omisión de consulta previa, la vulneración de su territorio comunal y el incumplimiento del derecho  de los pueblos indígenas a beneficiarse de la explotación de recursos naturales en su territorio.  

Con este acto los pobladores de la comunidad de Huisa encabezados por su presidente, Juan Magaño,  quieren llamar la atención al Estado para que cumpla con atender sus necesidades, para lo cual hace uso de los mecanismos legales que el mismo Estado ha establecido, promoviendo una acción legal a fin de que los derechos de los pueblos indígenas se respeten.

En ésta demanda se está reclamando por la omisión de consulta previa en todo el proceso de concesión, exploración y explotación del proyecto minero Antapacay,  la vulneración del derecho de propiedad comunal así como el territorio, por compra y ventas fraudulentas a favor de particulares, quebrando la propiedad comunal, lo que ha llevado a la reducción y segmentación del territorio comunal; y por el derecho que como pueblos indígenas tienen de participar en los beneficios de la explotación de los recursos naturales dentro de su territorio, hecho que se encuentra normado no sólo en el convenio 169 de la OIT sino que ha sido reiteradamente mencionado por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional.

Durante los últimos veinte años la comunidad campesina de Huisa, cuya historia se remonta al siglo XVI, ha sufrido la reducción de su territorio en más del  cincuenta por ciento (50%) y  sin contar el otro 50% que se encuentra completamente concesionado (tanto al proyecto minero Antapacay y al proyecto minero Quechuas).

Asimismo se indica que Consulta Previa y su reglamento han sido pisoteados en todas formas, pues se ha omitido la consulta no sólo de la concesión, exploración y explotación minera sino que además se perjudicó a la comunidad de Huisa con una serie de instalaciones, como la faja transportadora, que literalmente divide a la comunidad y corta las formas tradicionales de comunicación, obligando a los pobladores a tomar rutas alternas que llegan a duplicar el tiempo de traslado de ellos dentro de su propio territorio.

De otro lado la instalación de infraestructuras de alto riesgo, como el relave minero  y la casa de bombeo, cerca del centro educativo y la iglesia de la comunidad ha obligado a la población a desplazarse hacia lugares más seguros. Sin embargo en un territorio de poco más de dos mil hectáreas la seguridad queda en cuestionamiento.

La comunidad viene siendo asesorada por el equipo legal de Aporvidha y el Instituto de Defensa Legal   ( IDL), contando además de contar con el apoyo del Dr. Fernando Osores Plendge.

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