Defensores indígenas alertaron a la CIDH sobre la violencia y criminalización en Perú

Defensores indígenas de Perú y otros países latinoamericanos informaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) respecto de las constantes amenazas que enfrentan y que incluyen situaciones de criminalización que obstaculiza sus labores.

Tanto las organizaciones peruanas como todas las integrantes de la Alianza Latinoamericana de Defensores y Defensoras del Territorio Indígena (ALADTI) remarcaron la necesidad de que este problema sea abordado desde un enfoque de cooperación que trascienda las fronteras.

“A los altos niveles de riesgo que enfrentamos, ahora se agrega la criminalización a la que estamos siendo sometidos por nuestra lucha frontal contra las economías ilícitas extractivas que vulneran los derechos colectivos de los pueblos indígenas. Esta criminalización es muestra de cómo el poder punitivo del Estado es usado arbitrariamente como herramienta para silenciar a los defensores ambientales usando como fachada la legalidad”, denunció Ángel Pedro Valerio, presidente de la Central Asháninka del Río Ene (CARE).

“No solo me han señalado las mafias de narcotráfico, sino también el propio Estado mediante un proceso injusto e irregular. Por eso pido a la Comisión Interamericana que exija al Estado peruano la protección a los defensores y defensoras y la implementación de un protocolo frente ante casos de criminalización”, agregó, luego de denunciar que desde septiembre de 2023 ha sido incluido en una investigación que inicialmente planteaba su detención sin que haya sido debidamente notificado para el ejercicio de su defensa.

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Se han registrado 35 asesinatos de defensores indígenas en lo que va del año

Miguel Guimaraes, vicepresidente de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP), denunció que en lo que va del año 2024 se han registrado 35 asesinatos de defensores indígenas, quienes protegían los bosques y territorios amazónicos.

“Somos asesinados por las organizaciones criminales de las economías ilegales como la tala y minería ilegal y el narcotráfico. En noviembre de 2023 fue asesinado el hermano Quinto Inuma pese a que contaba con medidas de protección por parte del Estado. Por este caso la Comisión Interamericana otorgó en marzo  la medida cautelar 110923, pero las autoridades se niegan a implementarla”, manifestó.

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