La Defensoría del Pueblo informó que los fallecidos estaban comprometidos en la defensa de los recursos naturales de Madre de Dios, Huánuco, Ucayali, Junín y Amazonas.
Durante el 2020, cinco ciudadanos protectores de los pueblos indígenas y los recursos naturales de la selva peruana fueron asesinados, según informó la Defensoría del Pueblo.
A través de un comunicado, lamentó la reciente muerte de Roberto Carlos Pacheco Villanueva, hijo del vicepresidente del Comité de Gestión de la Reserva Nacional Tambopata, Demetrio Pacheco Estaca, en Madre de Dios, quien previamente habría sido amenazado por la labor que realiza en protección de los bosques.
La Defensoría del Pueblo informó además que, en abril, fueron asesinados Arbildo Meléndez Grándes (Huánuco) y Benjamín Ríos Urimishi (Ucayali); en mayo, Gonzalo Pío Flores (Junín) y en julio, Lorenzo Wampagkit Yamil (Amazonas).
Ante esta situación, la Defensoría solicitó al Estado que brinde medidas efectivas de protección para los defensores ambientales.
“Bajo ningún supuesto puede permitirse el sacrificio de más vidas. Consideramos indispensable que, los subprefectos distritales, quienes son los encargados del otorgamiento de las garantías personales, atiendan sus pedidos con carácter de urgencia y se les brinde una atención inmediata en coordinación con la Policía Nacional y el Ministerio Público”, señala el comunicado.
Medidas solicitadas
Ante el reciente crimen de Roberto Carlos Pacheco Villanueva, la entidad defensorial solicitó al Ministerio Público y a la Policía Nacional del Perú garanticen una investigación rápida, en la cual no debe obviarse como móvil la represalia por las labores de defensa de derechos humanos que desempeñaba el fallecido.
También pidió al Ministerio del Interior y al Ministerio Público adoptar las acciones necesarias para garantizar la vida e integridad de las personas defensoras de derechos humanos quienes junto a sus familiares deben recibir las garantías personales de manera oportuna.
Además, solicitó al Ministerio del Ambiente, al Ministerio de Energía y Minas y al Ministerio de Economía y Finanzas garantizar la continuidad del Plan Mercurio, extendiendo sus efectos a todas las zonas de la región de Madre de Dios que han sido ocupadas por la minería ilegal.
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