Defensoría del Pueblo: El Ejecutivo debe "resarcir los derechos" de los generales PNP pasados al retiro

La defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez, advirtió que el Gobierno de Francisco Sagasti afectó la institucionalidad de la Policía Nacional del Perú al pasar al retiro a 18 oficiales generales para nombrar como comandante general de la PNP a César Cervantes Cárdenas.

"Consideramos que se ha realizado una interpretación incorrecta del artículo 8 del Decreto Legislativo Nº 1267, Ley de la Policía Nacional del Perú. Ello, a nuestro juicio, afecta la institucionalidad de dicho organismo, contraviene reglas y estándares fijados por el Tribunal Constitucional y menoscaba derechos fundamentales", señaló en un oficio dirigido a la titular del Consejo de Ministros, Violeta Bermúdez Valdivia.

De acuerdo con Gutiérrez Camacho, el Tribunal Constitucional ha señalado que la facultad de realizar una renovación de cuadros políticos, ya sea de manera regular o excepcional, solo será válidamente ejercida si se realiza "respetando los derechos consagrados en la Carta Magna, entre ellos los derechos al debido proceso, a la igualdad ante la ley, al honor y buena reputación, al trabajo".

"De esta forma, se impone un límite expreso a la facultad discrecional del presidente de la República en esta materia", se lee en la misiva con fecha 7 de diciembre.

"NO HA TOMADO EN CONSIDERACIÓN LA MERITOCRACIA" 

A ojos de la Defensoría del Pueblo, las resoluciones que han producido los recientes cambios en los altos mandos y oficiales de la Policía Nacional "no se advierte motivación alguna que fundamente la necesidad de producir los ceses, ni las razones de la elección del hoy comandante general".

"La decisión del presidente de la República no ha tomado en consideración la meritocracia (mérito personal y capacidad profesional)", enfatizó.

Según Walter Gutiérrez, la decisión del Ejecutivo de Francisco Sagasti no tomó en consideración el principio de previsión de consecuencias, establecido por el Tribunal Constitucional, el cual, apuntó, exige que las autoridades tomen en cuenta las repercusiones de sus medidas y las implicancias que ellas puedan generar a futuro.

"En la decisión de nombrar al nuevo comandante general no se ponderó de forma adecuada el peligroso antecedente que establecería para casos futuros, dado que la interpretación utilizada podría ser invocada por otros gobiernos con el fin de soslayar el principio meritocrático en el cual se basa el escalafón policial", dijo.

El defensor del Pueblo consideró de suma importancia la adopción de medidas que, además de recuperar la plena institucionalidad policial, garanticen a futuro el pleno respeto del principio democrático en la selección de sus más altos mandos. "Corresponde resarcir los derechos fundamentales de quienes se vieron afectados por la incorrecta interpretación del Decreto Legislativo Nº 1267", añadió.

El pasado 23 de noviembre, el mandatario Francisco Sagasti anunció la designación de César Augusto Cervantes Cárdenas como nuevo comandante general de la Policía Nacional del Perú tras la violenta represión durante las protestas contra el efímero Gobierno de Manuel Merino, que dejó dos jóvenes muertos, Inti Sotelo y Bryan Pintado, y decenas de heridos, y los presuntos actos de corrupción en las compras que realizó la institución para la entrega de mascarillas y otros artículos de limpieza personal para los efectivos que llevaban a cabo operaciones de patrullaje durante el estado de emergencia por la pandemia del nuevo coronavirus. El nombramiento forzó el pase a retiro de otros 18 oficiales de mayor antigüedad.