Defensoría del Pueblo pide al MTC impulsar medidas para prorrogar el pago de los servicios de telefonía e internet

La Defensoría del Pueblo planteó el pedido luego de verificar que las empresas de telecomunicaciones han empezado a cursar a los usuarios correos electrónicos, mensajes de texto y de voz exigiendo el pago de dichos servicios.

La Defensoría del Pueblo solicitó que el cobro se realice pasada la emergencia por el coronavirus. | Fuente: AFP

La Defensoría del Pueblo exhortó al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) impulsar disposiciones explícitas que determinen la suspensión del cobro de los servicios de telecomunicaciones y que las facturaciones emitidas en el periodo de estado de emergencia sean cobradas después de culminada la cuarentena, de manera fraccionada, sin intereses, en un periodo de hasta 24 meses.

El organismo público verificó que las empresas que prestan este servicio han empezado a cursar a los usuarios correos electrónicos, mensajes de texto y de voz exigiendo el pago del mismo.

"El Estado debe garantizar la continuidad de estos servicios, y especialmente la telefonía móvil y el internet fijo, necesarios para el desarrollo del teletrabajo, la teleducación y para difundir información sobre los beneficiarios de las ayudas sociales", remarcó en un comunicado la institución que preside Walter Gutiérrez.

La Defensoría del Pueblo indicó que la normativa que emita el MTC debe plantear una solución integral para que la población continúe haciendo uso de estos servicios durante la emergencia, considerando además la ampliación de la banda ancha, la entrega gratuita de mensajes de texto y la navegación en determinadas páginas de internet que el Estado emplea para difundir información relevante que potencie la prevención.

Días atrás, el presidente de la República, Martín Vizcarra, anunció la ampliación del estado de emergencia nacional por 13 días para contener el avance del nuevo coronavirus en el país, con lo cual esta medida se extenderá hasta el domingo 12 de abril.

"Las medidas de emergencia han generado inevitablemente la paralización de actividades económicas, impactando con mayor crudeza en el 72% de la población económicamente activa (PEA) empleada de manera informal, y que hoy no cuenta con ingresos económicos suficientes para el pago inmediato de los servicios de telecomunicaciones y de otros servicios", agregó la Defensoría del Pueblo.

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