La Defensoría del Pueblo pidió no retroceder en la ratificación del acuerdo que "expresamente recoge el principio de soberanía permanente de los Estados sobre sus recursos naturales"
La Defensoría del Pueblo, mediante un comunicado difundido hoy vía redes sociales, pidió al Ejecutivo "no retroceder" en la ratificación del Acuerdo de Escazú que " tiene por finalidad garantizar los derechos de acceso a la información ambiental, participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales y acceso a la justicia en asuntos ambientales".
Asimismo, lamentaron las declaraciones que diera el Canciller, Miguel Rodríguez Mackay, durante una entrevista en RPP Noticias respecto al referido acuerdo. En esa ocasión, el titular de Relaciones Exteriores refirió que "se encuentra archivado y ahí debe estar" ya que "no corresponde con los intereses del país".
"No vulnera soberanía"
Vale mencionar que uno de los principales argumentos del Canciller para criticar el acuerdo fue que "vulnera la soberanía nacional". En ese sentido, la Defensoría remarcó que sus principios estipulan lo contrario.
"Es importante destacar que el Acuerdo de Escazú expresamente recoge el principio de soberanía permanente de los Estados sobre sus recursos naturales, reafirmando así la soberanía de estos", precisó la institución.
Asimismo, subrayó que "la implementación del referido acuerdo se sustenta en mecanismos de fortalecimiento de capacidades, cooperación e intercambio de información pública; mientras que el seguimiento de su cumplimiento se realiza a través de recomendaciones".
Protección de defensores ambientales
Por otro lado, la Defensoría del Pueblo indicó que, "solo en el transcurso de la pandemia (...) entre los meses de marzo de 2020 y agosto de 2022", registró 14 asesinatos de defensores ambientales y de derechos de pueblos indígenas en el país, delitos vinculados "a la minería ilegal, el narcotráfico, el tráfico de tierras, la tala ilegal".
Al respecto, señaló que el Acuerdo de Escazú "incluye disposiciones para asegurar la protección de las personas defensoras de los derechos humanos en asuntos ambientales, atendiendo a que América Latina es la región más riesgosa para su labor".
Finalmente, la Defensoría señaló que es "de suma importancia" que el referido acuerdo se incorpore "al ordenamiento jurídico nacional". Vale decir que nuestro país suscribió el Acuerdo de Escazú en setiembre de 2018, pero aún está pendiente su ratificación.
PODCAST RPP: El Congreso ha desmantelado la reforma en el sistema universitario, denuncia Flor Pablo
La legisladora dijo que hubo intereses económicos detrás del proyecto aprobado por insistencia en el pleno del Parlamento. En cambio, el legislador Alex Paredes, del oficialista Bloque Magisterial, justificó el respaldo de su grupo a la insistencia del proyecto pese a que el Gobierno observó la ley.
Comparte esta noticia