Legislativo y Ejecutivo: enfrentamientos que se alimentan con desinformación

La semana pasada, el Congreso de la República, a través de la Comisión de Relaciones Exteriores, archivó el Acuerdo de Escazú, impidiendo que tan importante tratado sea debatido en el Pleno. Fueron 9 votos los que pusieron fin, esperemos que de manera temporal, a un proceso de años que pretende fortalecer el acceso a la información, participación ciudadana, justicia ambiental y protección de los defensores ambientales.

Los argumentos utilizados y la campaña de confusión contra el acuerdo van desde la supuesta pérdida de soberanía de nuestra Amazonía, hasta afirmar que Perú no es un país peligroso para nuestros defensores ambientales, cuando solo en este año hemos perdido a cinco. Esta posición de algunos congresistas desconoce u obvia adrede las manifestaciones del Relator Especial de las Naciones Unidas, y los testimonios desgarradores de nuestros propios defensores.

En la misma semana, el Congreso también aprobó la ampliación de 15 años más de la moratoria para el cultivo y producción de organismos vivos modificados (OVM), más conocidos como transgénicos. Entre uno de los argumentos más fuertes estuvo el proteger la biodiversidad nacional y salvaguardar nuestra agrobiodiversidad, buscando proteger los derechos colectivos de los pueblos indígenas, nuestro patrimonio cultural y natural, garantizando así la soberanía alimentaria y conservando nuestros bosques.

Dos decisiones tan diferentes no hacen más que evidenciar cuan separada está la visión que tenemos de nuestro país, como un todo, y la responsabilidad que implica el cuidado y protección de nuestro patrimonio. Las discrepancias entre el Legislativo y el Ejecutivo respecto a diversas medidas que implican una gestión integral de nuestro territorio, sus recursos naturales, la justicia ambiental y el reconocimiento y protección de sus principales actores, como nuestros pueblos indígenas o los defensores ambientales, son bastante evidentes. Por ejemplo, la ratificación del Acuerdo de Escazú contaba con el respaldo de diversos sectores del Ejecutivo, pero no apoyaban la moratoria  para transgénicos que sí tuvo el respaldo mayoritario del Congreso.

En un país que se encuentra rumbo al Bicentenario, estas discrepancias deberían ser cosa del pasado. La visión conjunta por un mejor Perú debería ser la ruta a seguir con prioridades claras, actuación articulada y complementaria, sin embargo existe una visión sectorizada, dividida por poderes, que no hace más que seguir incrementando las deficiencias y alimentando las desigualdades. El enfrentamiento entre paradigmas como extrativismo o sostenibilidad solo sigue generando brechas, impidiendo el desarrollo de un país cuyos niveles de desnutrición infantil son altos, a pesar ser uno de los lugares más megadiversos del mundo, y donde la justicia intercultural no encuentra eco aún.

El Bicentenario debe ser el punto de partida de una nueva oportunidad de cambio, para construir, con un solo horizonte, el Perú que queremos y el que nuestros hijos realmente merecen. No perdamos la oportunidad de reflexionar sobre lo vivido, generemos los cambios que sean necesarios, ratifiquemos el Acuerdo de Escazú, no perdamos esta oportunidad, mirémoslo con la misma responsabilidad con la que aprobamos la moratoria, con un objetivo común, buscando lo mejor para nuestro país.