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El defensor del Pueblo (e), Eduardo Vega Luna, solicitó al fiscal de la Nación y al ministro del Interior una exhaustiva investigación y una ejemplar sanción por lamuerte del ciudadano Fidel Flores Vásquez, ocurrida en la víspera durante una diligencia de desalojo en Cajamarca.

De igual forma, demandó explicaciones por el uso desproporcionado de la fuerza por parte de los agentes policiales intervinientes en la operación.

“El respeto del derecho a la vida es el fin supremo de toda autoridad pública. El accionar policial no puede guiarse por prácticas desmedidas y que pongan en riesgo la integridad personal, incluso, en el caso de un operativo ordenado por la autoridad judicial”, sostuvo Vega.

El defensor del Pueblo recordó que el empleo y uso de la fuerza por parte de los agentes del orden se encuentra regulada, de manera que las armas solo pueden ser utilizadas en casos de extrema necesidad y, cuando exista una debida justificación.

“En las imágenes propaladas por los medios de comunicación se puede observar un evidente uso desproporcionado de la fuerza contra el ciudadano Fidel Flores y sus familiares que acudieron a auxiliarlo. Estas conductas merecen una inmediata y exhaustiva investigación por parte del Ministerio Público, a fin de identificar a los responsables de tan graves hechos. En esa labor, la Policía Nacional debe brindar toda la información que sea requerida por las autoridades”, afirmó.

De otro lado, Vega expresó al ministro del Interior su preocupación por el uso excesivo de la fuerza de los policías. “Hemos visto que inicialmente algunas personas, entre ellas, el fallecido, mostraron resistencia a la diligencia de desalojo, agrediendo con piedras a los policías. No obstante, la forma de repeler estos actos, debe responder a criterios de proporcionalidad y necesidad. Incluso las armas letales y no letales deben ser utilizadas profesionalmente, a fin de no causar daños innecesarios a las personas a quienes se interviene. En ese sentido, también le solicitó tomar medidas urgentes para garantizar que hechos como estos no vuelvan a repetirse”, acotó.

Vega lamentó las declaraciones de la jueza Carmen Araujo, que ordenó la diligencia de desalojo, quien públicamente justificó la actuación policial.

“Es grave que la magistrada que estuvo presente no haya adoptado las medidas pertinentes para prevenir estos lamentables hechos, pudiendo advertir desde un inicio que existía una situación de riesgo para la vida e integridad de los ciudadanos y de la propia policía”. Por ello, señaló que el Poder Judicial debe evaluar la responsabilidad de citada autoridad judicial.

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