Denuncian que se busca ´colocar en zozobra´ transferencia de gobierno

Presidenta del Consejo de Ministros, Rosario Fernández, acusó que resulta incomprensible que la región que respaldó al presidente electo Ollanta Humala ahora no lo apoye en la transferencia democrática.

 

La Presidenta del Consejo de Ministros, Rosario Fernández, aseguró que la reciente suma de manifestaciones no solo en Puno, sino también en Huancavelica y Huancayo, busca “colocar en situación de zozobra la transferencia democrática” del gobierno saliente al entrante.

Le quieren entregar una región absolutamente convulsionada (a Ollanta Humala)”, dijo a RPP Noticias.

Para reforzar su posición la también titular de Justicia indicó que resulta “incomprensible” que la ciudadanía que apoyó mayoritariamente al presidente electo ahora “no lo apoya en la trasferencia democrática”.

En pocos días hemos visto sumarse una manifestación tras otra. Violencia en Puno, violencia en Huancavelica, violencia en Huancayo. Yo tengo que llegar a una conclusión muy rápida ¿Todo eso resultan hechos aislados?”, cuestionó Fernández Figueroa.

Agregó que, por ejemplo, en Huancayo surgió el problema a partir de un reclamo interno de un grupo de universitarios sobre la dieta en el comedor. “¿Puede llevar eso al punto tal de incendiar un vehículo policial, de bloquear la carretera, de poner las piedras, de evitar que la población transite?”, anotó.

Mientras que en Huancavelica nació el conflicto por la creación de la Universidad de Tayacaja, pero planteada una solución por Ejecutivo “ahora resulta que quieren otra cosa, que el presidente regional cese”.

Parece descriptivamente una coincidencia muy extraña que tiene como factor común, en todos los casos, violencia más violencia más violencia”, puntualizó.

Si bien no acusó responsables de estos actos de violencia ni qué objetivo persiguen, señaló que el Ministerio Público y el Poder Judicial tienen actuar para identificarlos.

Conflicto en Puno

La Presidenta del Consejo de Ministros evitó comentar si el presidente electo debería pronunciarse sobre la crisis que afecta a Puno, especialmente en las zonas de Juliaca y Azángaro.

Asimismo descartó que el conflicto surgiera por una indiferencia del gobierno considerando que el reclamo en contra de la contaminación en el río Ramis tiene diez años. “No se trata ni de una indiferencia del Ejecutivo ni tampoco de una reacción lenta del Ejecutivo, la reacción ha sido oportuna”, dijo.

 “Tenemos un encargo legal de ejercer autoridad de gobierno hasta el 27 de julio y así lo vamos a hacer”, añadió.

Además señaló que su propósito ahora es cumplir con las tareas referentes a la transferencia de funciones al próximo gobierno nacionalista.

Reiteró que las cinco normas legales publicadas hoy en el diario oficial se dieron como resultado de las mesas diálogo conformadas para atender las protestas en la zona sur y  norte de Puno. Mientras que el referido a Azángaro anoche se llegó a una disposición que hoy será aprobada en el Consejo de Ministros y mañana será publicada.

Sin embargo, lamentó y censuró que mientras se discutía en Lima se producía la violencia en Juliaca cuando, acotó, la semana se expidió un Decreto de Urgencia que declaraba de necesidad pública la recuperación de la cuenca Ramis y que solo restaban unas precisiones. “¿Justifica lo que ha ocurrido?”, preguntó.

Fernández acusó que los protestantes llegaron al punto de colocar cargas de dinamita en la pista del Aeropuerto de Juliaca y destruyeron todos los instrumentos que permiten el despegue y aterrizaje de los aviones.

Además, indicó que a partir de la publicación de las resoluciones y decretos supremos queda expresado que sí la población de Puno no quiere actividad minera pues no se dará su desarrollo.

Por lo mismo que si la zona sur de la región no quiere minería, cuando el norte si la tiene, entonces “obviamente no podrían recibir el efecto económico de una actividad que rechazan” en referencia al canon.

Finalmente, comunicó sobre una posición acción legal de la empresa Bear Creek, impulsora del proyecto minera Santa Ana, que se detectó que la persona natural que formuló el petitorio minero en su momento no reveló que también era apoderado de la compañía canadiense.