Destituyen a jueces de Paz de Ica, Ayacucho y San Martín

El Poder Judicial sancionó con la destitución del cargo a tres jueces de paz de las regiones Ica, Ayacucho y San Martín por una serie de irregularidades, según resoluciones publicadas en el diario oficial “EL Peruano”.

Hulvi Ayala Salazar dejará el cargo de juez de Paz del distrito de San Miguel de Pisco, Distrito Judicial de Ica, por haber elaborado fraudulentamente la autorización de viaje de una menor, atribuyéndose funciones que no le corresponden.

Además, certificó la firma y rúbrica de la señora Liliana Ríos Cathuayo, madre del menor, en su ausencia, ya que ella se encontraba en el  extranjero.

Para dicho efecto, expidió la referida autorización dejando un espacio en blanco en el lugar que corresponde  a la firma de la madre del menor, a fin de que ella la subsane a su regreso de Estados Unidos, y por intermedio de su hermana Ada Ríos Carhuayo, amiga del juez.

De otro lado, Alipio Quintana Quispe, juez de Paz de Poma, Corte Superior de Justicia de Ayacucho, recibió la medida disciplinaria de destitución al haber sido condenado por delito doloso.

La sentencia fue de tres años de pena privativa de la libertad suspendida, bajo reglas de conducta, por la comisión de delito contra el patrimonio en la modalidad de usurpación agravada, en agravio de la población de Querobamba, en enero del 2009.

La sentencia fue confirmada por la Primera Sala Penal de Huamanga el 8 de mayo del 2009.

Si bien el investigado señaló en su descargo que la sentencia se encuentra con recurso de revisión, también lo es que en autos no existe prueba que acredite su dicho.

Finalmente, Miriam López Rodriguez fue destituida como jueza de Paz del distrito de Calzada, provincia de Moyobamba, Corte Superior de Justicia de San Martín.

La mujer retuvo indebidamente la suma de mil soles que le había entregado José Arcos Cahuas con la finalidad de cancelar la deuda que mantenía con él.

En ese sentido, se le imputa haber incumplido los deberes de impartir justicia con independencia, prontitud, imparcialidad, razonabilidad y respecto al debido proceso; así como guardar en todo momento conducta intachable.

La investigada no cumplió con presentar su descargo a pesar que fue notificada oportunamente, motivo por el cual en agosto del 2010 fue declarada rebelde.

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