Los proyectos destinados a la remediación de la cuenca de los ríos Ramis y Suches, serán priorizados y financiados con cargo a los presupuestos de los ministerios de Agricultura, Energía y Minas, Vivienda y el gobierno regional.
El Ministerio de Energía y Minas (MEM) dictó hoy normas complementarias al decreto de urgencia Nº 028-2011, por la cual se declaró de necesidad pública, interés nacional y de ejecución prioritaria la recuperación ambiental de la cuenca del río Ramis, en Puno, atendiendo el reclamo de la población de esa zona del país convulsionada.
Precisó que está prohibido el uso ilegal o informal de equipo de extracción aurífera en yacimientos aluviales tipo placer, en las zonas de Pampa Blanca y Chaquiminas, del distrito de Ananea, provincia de San Antonio de Putina.
Igualmente, en Ancocala, distrito de Cuyo Cuyo, provincia de Sandia; Huacchani, distrito de Crucero, provincia de Carabaya; y Suches, distrito de Cojata, provincia de Huancané.
El MEM, en coordinación con el gobierno regional de Puno, definirá las coordinadas de las zonas mencionadas.
Asimismo, los proyectos destinados a la remediación de la cuenca de los ríos Ramis y Suches, que cuenten con estudios de preinversión aprobados y declarados viables en el Sistema Nacional de Inversiones, serán priorizados y financiados con cargo a los presupuestos de los ministerios de Agricultura, Energía y Minas, Vivienda y el gobierno regional.
En un plazo no mayor de diez días hábiles, cada entidad determinará el monto del financiamiento, el cual será programado y ejecutado en el segundo semestre del ejercicio presupuestal 2011.
Los recursos correspondientes al ejercicio presupuestal 2012 serán programados, según lo dispone la ley de la materia.
Estas disposiciones fueron establecidas mediante el decreto supremo Nº 035-2011-EM, publicado hoy en el boletín de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano.
Las acciones que realicen las entidades involucradas en la aplicación de la presente norma se sujetan a sus presupuestos institucionales respectivos, sin perjuicio que, en caso demandaran recursos adicionales, serán solicitados al Tesoro Público, según los procedimientos legales hasta por un máximo que será determinado por los proyectos.
Según explicó el congresista Yonhy Lescano, el conflicto social en la provincia de Azángaro se oroginó por la desidia del gobierno de atender el reclamo de la población para limpiar el río Ramis, contaminado por la minería informal.
Andina
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