El aumento de los delitos con armas de fuego: ¿Cómo evitar que armas legales pasen al mercado negro?

A la vuelta de la esquina, en la puerta de tu casa o en tu negocio. La ciudadanía vive atemorizada por el creciente número de asaltos y asesinatos con armas de fuego que cada día se reportan en las ciudades del país. Un fenómeno que a simple vista parece estar saliéndose de control y que sobre el cual confluyen distintos factores.

En este informe, queremos abordar el problema de la inseguridad, a través de un enfoque del cual se hablado poco y que ha avanzado silenciosamente con el pasar de los años: incremento de la circulación de armas de fuego.

Según datos de INEI, la victimización con armas de fuego en Lima Metropolitana pasó de 7.6% en el 2013 a 16.3% al mes de abril de 2020.

“Los datos dicen que no se ha incrementado mucho los robos, pero lo que sí se ha incrementado es el uso de armas en los robos. Estos son cada vez más violentos y, como consecuencia, pueden ser más letales. Requerimos entonces hacer una persecución y control de armas irregulares en las calles, porque se están usando más en la comisión de delitos y la consecuencia de eso, es lo que vemos en últimos meses”, indica Nicolás Zevallos, experto en criminología y exviceministro de Seguridad Pública.

Para el experto en temas de seguridad ciudadana Elohim Monard, el incremento de armas de fuego se venía registrando desde hace varios años. “Nadie lo estaba atendiendo con la seriedad del caso. No es un problema solo de este Gobierno, pero claramente lo ha heredado luego de la pandemia, que en general ha facilitado un conjunto de factores de riesgo para el crimen y la violencia”, afirma.

De acuerdo a estudios que se hicieron hace cinco años por parte de la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil (Sucamec), y que para Monard ya deberían actualizarse, la mayoría del conjunto de armas de fuego que se utiliza para el crimen proviene del mercado legal.

“¿Cómo es que pasan estas armas del mercado legal al ilegal? De muchas maneras: roban armas legales, otras personas pierden armas, también el portador legal la vende deliberadamente, mucha gente que tiene licencia para portar armas de fuego también está involucrada en la delincuencia o crimen organizado”, señala.

Fortalecimiento de Sucamec

Tanto Zevallos como Monard apuntan a un fortalecimiento en las labores de fiscalización a cargo de Sucamec.

“La pregunta es cómo potenciamos a Sucamec para que tenga más capacidad de fiscalización. Muchas armas provienen, por ejemplo, de armas perdidas, armas robadas, de armerías en mal estado que requieren ser fiscalizadas y ser controladas. Sucamec lo hace y podría hacer un esfuerzo extra para asegurar que en los lugares donde se vendan o almacenan armas cumplan con criterios para que no se desvíe o salgan de un uso regular y adecuado”, indicó Zevallos.

Monard apunta que en Sucamec se debe priorizar la fiscalización “de armas legales y hacer operativos contra las armerías ilegales. Hay lugares donde se venden armas de fuego, esos lugares deberían fiscalizarse si están cumpliendo con todas las normas y los parámetros”.

El gerente de Control y Fiscalización de Sucamec, Christian Stein, indica que su gerencia es transversal dentro de su institución y se encarga de realizar acciones de control, respecto a armas, municiones, explosivos y servicios de seguridad. Las acciones de control tienen que ver con verificaciones, inspecciones, investigación y control posterior. Sin embargo, señala que su capacidad operativa se encuentra mermada en estos momentos al contar con solo 25 inspectores y analistas a nivel nacional. “Es poquísimo. Sutran tiene 953 inspectores y nosotros 25 y somos superintendencia nacional”, refiere.

Entre enero y octubre del 2021, Sucamec ha decomisado 310 armas de fuego y ha incautado 695.

En agosto de 2018, Sucamec emitió la resolución N° 826-2018 en la que dispuso el decomiso de 108 mil 163 armas de fuego cuyas licencias fueron canceladas, de las cuales actualmente todavía quedan aproximadamente unas 93 mil en circulación.

A partir de esta disposición, se incluyó en el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana 2019-2023 acciones conjuntas entre Sucamec y la Policía Nacional a efectos del decomiso de estas armas. La meta indicada en el plan es realizar 7, 540 operaciones conjuntas este 2021. En el 2019, se realizaron 1,881, de las 3,240 que tenían programadas. 

Stein indica que tanto Sucamec como la Policía Nacional están procediendo a decomisar estas armas, ya sea de manera autónoma o en acciones conjuntas, pese a la falta de capacidad operativa que padecen. “Pedimos un sinceramiento de la meta en operativos conjuntos en base a nuestra real capacidad operativa. Otra propuesta, es que se nos asigne mayores recursos”, señala.

Stein indica que fue una acción importante de Sucamec la resolución N° 826-2018 para poder sustraer del mercado estas armas y así evitar que puedan caer en manos de la delincuencia común o crimen organizado. “Estas 108 mil 163 armas de fuego ya son ilegales y deben internarse con carácter definitivo. Ese fue un primer paso. El segundo paso es la recuperación material de las armas y eso se viene haciendo, a veces conjuntamente con la PNP, a veces solo la PNP y a veces solo Sucamec. Aproximadamente como 93 mil armas faltan por recuperar materialmente en virtud del decomiso dispuesto por la resolución N° 826”, indicó.

Entrega voluntaria

Luego de la sesión del Consejo de Ministros del último miércoles, el ministro del Interior, Avelino Guillén, habló sobre la necesidad de reducir la circulación de armas ilegales. En esa línea, dijo que una medida es la entrega voluntaria. “Es interesante seguir la política de una campaña para entrega de armas”, refirió.

Monard concuerda con el planteamiento de una campaña de entrega voluntaria de armas. Apuntó que para avanzar en una medida así, el Ministerio del Interior debe reglamentar la ley N° 31324 para que esto sea efectivo. “Debe ser urgentemente reglamentada para que Sucamec empiece a implementar estas campañas de entrega voluntaria. Estas campañas tienen que darse con despliegue a nivel nacional que permitan que municipalidades hagan ferias de entrega de armas y que se desature el mercado. Tiene que hacerse periódicamente y no una sola vez”, indicó.

Stein indica que esta entrega voluntaria de armas resulta un mecanismo adicional para sacar del mercado estas 93 mil armas ilegales. “Hay muchas personas que encuentran armas históricas de la familia, sin funcionamiento, inoperativas, que lo consideran un bien comercial y para no perder el activo, las venden. Es importante sumar, la resolución N° 826 es un paso formal que se viene implementado y esta norma de entrega voluntaria es algo que puede sumar, pero estamos a la espera del reglamento”, dijo.

¿Qué más se puede hacer para frenar la inseguridad?

El exviceministro Nicolás Zevallos apunta que el sector Interior cuenta con dos programas que deben ser potenciados. Uno de ellos es el de megaoperativos, a cargo del viceministerio de Orden Interno. “La recomendación es que se potencien, enfocándose en las bandas criminales que están haciéndole la vida imposible a los emprendedores. La cámara de comercio de Lima y las mypes están demandando al sector Interior sus necesidades: asaltos, extorsiones. Hay que tomar en cuenta que se viene la campaña navideña y es el caldo de cultivo en que se podría extender el crimen organizado a este sector tan importante de la economía peruana”, dijo.

Asimismo, el viceministerio de Seguridad Pública tiene a su cargo la estrategia de Barrio Seguro. “Tiene un trabajo cercano con la comunidad y requiere dos cosas: repensar su criterio de focalización y potenciar la presencia y actividad de la Policía Nacional. Las comisarías tienen que convertirse en la punta de lanza de la relación con la ciudadanía”, añade Zevallos.

Monard, por su lado, apunta a las situaciones de riesgo generadas a raíz de la pandemia. “Esta serie de condiciones son claramente factores de riesgo para el crimen y violencia. Muchos jóvenes han dejado de ir al colegio los últimos dos años. Muy poca gente habla de que esta falta de escolaridad no solo afecta la educación y evidentemente la productividad, también puede estar afectando gravemente la delincuencia”, refirió.

Adicionalmente, se puede hablar de la falta de empleo. “Encima que no tienen educación, tampoco encuentran trabajo. Hay dos problemas ahí. Adicionalmente a las políticas de reducción de armas de fuego, tiene que haber políticas preventivas que se trabajen con los jóvenes”, señaló.

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