La Confiep y la CCL expresaron su 'profunda preocupación' por las presuntas irregularidades denunciadas por la exgerente general de EsSalud, Martha Linares, en la gestión del titular de la institución, Mario Carhuapoma.
La Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep) y la Cámara de Comercio de Lima (CCL), expresaron su "profunda preocupación" por las presuntas irregularidades denunciadas por la exgerente general de EsSalud, Martha Linares, que estarían sucediendo en la gestión del titular de la institución, Mario Carhuapoma.
A través de un comunicado, la Confiep y CCL afirmaron que en concreto se refiere a la incorporación de personas que no reúnen el perfil técnico requerido en cargos directivos y mantener y promover a cargos superiores a trabajadores con graves antecedentes y cuestionamientos.
"Es imperioso recordar que EsSalud es una entidad gobernada de manera tripartita: Estado, trabajadores y empresas, y en ese sentido las partes nombran representantes en el Consejo Directivo asumiendo la responsabilidad de garantizar una adecuada gestión para los más de once millones de asegurados", indicaron.
Por ello, señalaron que, de comprobarse estas denuncias, implicaría una vulneración al Código de Ética de la Función Pública y al propio Código de Ética de EsSalud.
"De acuerdo a dichas normativas, la idoneidad es un principio y condición necesaria para el ejercicio de la función pública y en consonancia con ello, todo funcionario público debe desenvolverse con aptitud técnica, legal y moral al desempeñar sus funciones", precisaron.
Confiep exhorta a iniciar investigaciones
Además, Confiep y CCL recordaron que el pasado 31 de agosto ante la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción (CAN), el titular del Gabinete Ministerial, Guido Bellido, suscribió el compromiso para asegurar mayores estándares de integridad y transparencia en la contratación de funcionarios y servidores públicos, "compromiso que, de acuerdo a la denuncia realizada no estaría siendo honrado".
"Exhortamos al Ministerio de Trabajo, la Contraloría General de la República y demás autoridades competentes se inicien las investigaciones que esta denuncia pública exige. Lo más grave y lamentable de esta situación es que estos hechos atentan contra el derecho que tienen los asegurados a contar con un sistema de salud eficiente, más aún ad portas de enfrentar una probable tercera ola del COVID-19, pandemia que ha cobrado casi 200 mil vidas en el Perú", agregaron.
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