Profesionales de la salud aparentemente hacían firmar a los donantes unas cartas en las que aseguraban que entregaban el órgano gratuita y voluntariamente, informa un diario local.
La Fiscalía investiga a 80 médicos, enfermeras y asistentes por haber presuntamente participado en 20 trasplantes ilegales en clínicas particulares, tras la muerte de un empresario mexicano por una operación de este tipo hace casi un año, informó hoy un diario local.
La fiscal Luz Tecco lleva adelante la investigación de una presunta red formada por profesionales de la salud, que al parecer captaba donantes a cambio de dinero y a pacientes adinerados en busca de un órgano para ser trasplantados.
Según el diario El Comercio, hasta el momento han sido investigados 80 trabajadores médicos y paramédicos, además de intermediarios sospechosos de pertenecer a esa red, que aparentemente hacían firmar a los donantes unas cartas en las que aseguraban que entregaban el órgano gratuita y voluntariamente.
Sin embargo, el periódico accedió a fuentes de la investigación que aseguran que eso era falso y que los donantes recibían dinero por sus órganos cedidos.
El caso del empresario mexicano Oscar Soberón, quien recibió un riñón trasplantado en Lima en diciembre del año pasado y murió en enero último en su país, fue denunciado por la procuraduría del ministerio peruano de Salud y los médicos que lo intervinieron están plenamente identificados.
La persona que donó el riñón trasplantado a Soberón es un humilde panadero, que recibió 10.000 dólares por entregar su órgano, y que confesó haber sido contactado por otra persona que había hecho lo mismo anteriormente, según desveló el mismo diario anteriormente.
En tanto, el equipo médico que operó a Soberón le cobró 150.000 dólares al empresario mexicano, que por sufrir otra serie de dolencias no pudo recuperarse del trasplante y finalmente murió.
Las pesquisas siguen abiertas en la fiscalía, sin que se haya ordenado la detención de ningún sospechoso aún, porque a la investigación inicial sobre el caso de Soberón se han añadido otras denuncias similares por presunta venta de órganos, que en el caso de un médico es castigada con ocho años de prisión.
La procuradora del ministerio de Salud, Fanny Freigeiro, se mantiene a la espera de que se presente la acusación formal y evitó hoy ahondar en el caso, al ser requerida por Efe.
La única medida formal aplicada por estos casos fue el cierre temporal de las salas de cirugía de las clínicas capitalinas Santa Lucía y Vesalio, por presuntamente haber prestado sus instalaciones para trasplantes clandestinos.
Según cifras de la Organización Nacional de Donación y Trasplante, en Perú hubo 296 trasplantes lícitos en 2009, de los cuales 122 fueron de córneas y 117 de riñón.
-EFE
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