Uno de los sindicatos que mantiene una huelga de 19 días en la región de Puno (sur del país) contra la minería en la región acusó hoy a las compañías mineras de haber contratado a alborotadores que ayer perpetraron los actos violentos en la capital del mismo nombre.

Pobladores de Puno mantienen desde el pasado 9 de mayo una huelga indefinida en contra de los proyectos mineros otorgados en la zona, que ha desembocado en el bloqueo de carreteras y el principal paso fronterizo entre Perú y Bolivia (puesto de Desaguadero).

En declaraciones a Efe, el dirigente de la Confederación Nacional de Comunidades del Perú Afectadas por la Minería (Conacami) en Puno, Pablo Salas, se desmarcó de los ataques de ayer a varios locales del Estado y del saqueo a un almacén de Aduanas, y atribuyó este último acto a alborotadores contratados por las propias mineras con el fin de "amedentrar" y "criminalizar" a los manifestantes.

"La minería lo que ha hecho es contratar a gente para hacer pasar todo lo que está pasando en Puno", en referencia a los actos violentos de ayer, afirmó rotundamente Salas, quien señaló que un grupo de ronderos entregaron a la policía a diez "infiltrados".

El sindicalista aclaró que no pretenden perturbar las elecciones presidenciales del próximo 5 de junio, pues, en su opinión, una suspensión de los comicios en la región debido a los disturbios "perjudicaría al pueblo peruano".

Salas acusó al Gobierno central de buscar que "no se realicen" las elecciones y, al igual que hicieron esta mañana autoridades locales y congresistas, insistió en abrir nuevamente el "diálogo" para resolver la situación en la región después de varios intentos frustrados.

Según Salas, autoridades puneñas y representantes del Gobierno central se reunirán hoy en Lima para buscar una solución al conflicto que pobladores del sur de Puno mantienen desde hace 19 días y que ha causado pérdidas económicas de 36 millones de dólares según la Cámara de Turismo regional.

Las movilizaciones se concentran en la ciudad de Puno, a más de 1.000 kilómetros de Lima y donde varias comunidades desplazadas para la protesta acordaron hoy regresar el fin de semana a sus viviendas, explicó Salas.

Con todo, a unos 50 kilómetros de Puno, en Juliaca, las alteraciones en el funcionamiento del único aeropuerto de la región han obligado a reforzar la presencia policial en las instalaciones, aunque la ciudad permanece "como un día normal", informaron a Efe fuentes policiales del lugar.

La protesta, que hasta ayer se desarrollaba sin mayores incidentes reportados, ha despertado los temores entre pobladores y autoridades locales de que se repitan sucesos violentos como los registrados en junio de 2009 en la localidad selvática de Bagua, donde murieron 24 policías y 10 civiles.

EFE