En este momento las autoridades estamos estudiando el tema para proceder a tomar una decisión sobre el asilo, que esperamos hacer, dijo el canciller nicaragüense.
El Gobierno nicaragüense analiza si concede asilo político a otros dos líderes indígenas de la Amazonía peruana, acusados ante la justicia de su país por los hechos violentos ocurridos el 5 de junio en la provincia selvática de Bagua y que se refugiaron en la embajada de Nicaragua en Lima.
"En este momento las autoridades estamos estudiando el tema para proceder a tomar una decisión sobre el asilo, que esperamos hacer", dijo el canciller nicaragüense, Samuel Santos, al ser consultado por Efe tras participar en un acto oficial en Managua.
Los hermanos Saúl y Cervando Puerta Peña, dirigentes indígenas de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), que convocó a una gran protesta donde murieron 24 policías y 10 civiles el 5 de junio en la provincia selvática de Bagua, se encuentran desde la noche del lunes en la sede diplomática nicaragüense en Lima y esperan que se resuelva su salida de Perú.
"Ellos están en la embajada de Nicaragua en Perú y nosotros, conforme instrucciones del presidente Ortega, estamos analizando la necesidad de otorgarle el asilo", insistió el jefe de la diplomacia nicaragüense.
El lunes pasado, el 37 juzgado penal de Lima emitió una orden de detención contra el líder indígena Alberto Pizango, ex presidente de Aidesep, que se asiló en Nicaragua tras los hechos de Bagua, y otros cuatro dirigentes nativos, entre ellos Saúl y Cervando Puerta.
Las órdenes de captura también pesan contra Marcial Mudarra Taki y Teresita Irene Antaza López, quienes se encuentran en sus comunidades, según las autoridades peruanas.
Los cinco dirigentes de Aidesep son acusados de ser los presuntos autores de delitos contra la tranquilidad pública, apología de sedición y motín en agravio del Estado por su actuación en las protestas indígenas, que derivaron en junio en graves enfrentamientos.
La oposición nicaragüense ha criticado a Ortega por haber otorgado asilo político al líder indígena Pizango, porque consideran que ha pertenecido o pertenece a un "grupo subversivo".
También lo han criticado por otorgar asilos a las colombianas Doris Bohórquez y Martha Pérez, quienes, junto a la mexicana Lucía Morett, sobrevivieron al bombardeo colombiano contra un campamento de la guerrilla de las FARC en territorio ecuatoriano, en 2008.
Las tres supervivientes están acusadas en el Juzgado Tercero de lo Penal de Sucumbíos, provincia fronteriza con Colombia a la que pertenece el departamento ecuatoriano de Angostura, de atentar contra la seguridad de Ecuador.
El Gobierno de Ortega también acreditó en abril pasado al ex primer ministro de Tailandia Thaksin Shinawatra como embajador de inversión en misión especial y cuenta con pasaporte diplomático nicaragüense.
Shinawatra fue depuesto por los militares en septiembre de 2006 y condenado el año pasado a dos años de cárcel por un delito de corrupción cometido mientras gobernaba.
EFE
"En este momento las autoridades estamos estudiando el tema para proceder a tomar una decisión sobre el asilo, que esperamos hacer", dijo el canciller nicaragüense, Samuel Santos, al ser consultado por Efe tras participar en un acto oficial en Managua.
Los hermanos Saúl y Cervando Puerta Peña, dirigentes indígenas de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), que convocó a una gran protesta donde murieron 24 policías y 10 civiles el 5 de junio en la provincia selvática de Bagua, se encuentran desde la noche del lunes en la sede diplomática nicaragüense en Lima y esperan que se resuelva su salida de Perú.
"Ellos están en la embajada de Nicaragua en Perú y nosotros, conforme instrucciones del presidente Ortega, estamos analizando la necesidad de otorgarle el asilo", insistió el jefe de la diplomacia nicaragüense.
El lunes pasado, el 37 juzgado penal de Lima emitió una orden de detención contra el líder indígena Alberto Pizango, ex presidente de Aidesep, que se asiló en Nicaragua tras los hechos de Bagua, y otros cuatro dirigentes nativos, entre ellos Saúl y Cervando Puerta.
Las órdenes de captura también pesan contra Marcial Mudarra Taki y Teresita Irene Antaza López, quienes se encuentran en sus comunidades, según las autoridades peruanas.
Los cinco dirigentes de Aidesep son acusados de ser los presuntos autores de delitos contra la tranquilidad pública, apología de sedición y motín en agravio del Estado por su actuación en las protestas indígenas, que derivaron en junio en graves enfrentamientos.
La oposición nicaragüense ha criticado a Ortega por haber otorgado asilo político al líder indígena Pizango, porque consideran que ha pertenecido o pertenece a un "grupo subversivo".
También lo han criticado por otorgar asilos a las colombianas Doris Bohórquez y Martha Pérez, quienes, junto a la mexicana Lucía Morett, sobrevivieron al bombardeo colombiano contra un campamento de la guerrilla de las FARC en territorio ecuatoriano, en 2008.
Las tres supervivientes están acusadas en el Juzgado Tercero de lo Penal de Sucumbíos, provincia fronteriza con Colombia a la que pertenece el departamento ecuatoriano de Angostura, de atentar contra la seguridad de Ecuador.
El Gobierno de Ortega también acreditó en abril pasado al ex primer ministro de Tailandia Thaksin Shinawatra como embajador de inversión en misión especial y cuenta con pasaporte diplomático nicaragüense.
Shinawatra fue depuesto por los militares en septiembre de 2006 y condenado el año pasado a dos años de cárcel por un delito de corrupción cometido mientras gobernaba.
EFE
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