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por Redacción RPP
·El órgano de control del Poder Judicial investigará si la magistrada recibió dinero de la familia de Paolo Guerrero para enviar a la cárcel a Magaly Medina y Ney Guerrero.
El jefe de la Oficina de Control de la Magistratura (OCMA), Enrique Mendoza, dispuso abrir investigación preliminar al presidente de la Corte de Lima, César Vega Vega, y a la jueza María Cabrera por la presunta "coima" recibida para enviar a la cárcel a Magaly Medina y Ney Guerrero.
En una nota de prensa, se informa que la OCMA busca establecer la existencia o no de indicios sobre las presuntas irregularidades denunciadas por la ex trabajadora judicial Margaret Huamán Ponce.
La medida dispuesta por el órgano contralor se debió por tres casos específicos en donde presuntamente se habrían cometido diversas inconductas funcionales.
En el primer caso, denominado "Caso Magaly Medina y Ney Guerrero, por delito de difamación, en agravio de Paolo Guerrero", se indica que la jueza Cabrera habría emitido la sentencia a favor de Paolo Guerrero como resultado de un supuesto soborno que le hizo la familia del futbolista.
Refiere que la entrega de la "coima" se realizó una reunión llevada a cabo en el domicilio de Vega Vega y que la entrega de dinero se habría realizado por parte del padre del futbolista agraviado envuelto en papel higiénico.
Cabrera también será investigada por el caso de "Miguel Alvarado Ortega, por delito de estafa en agravio de Arturo Wertheman Rivas".
Al respecto se señala que la magistrada Cabrera, a pesar de las pruebas contundentes en contra de Alvarado Ortega, le impuso cuatro años de prisión suspendida en forma condicional por el plazo de tres años, así como el pago de diez mil nuevos soles.
Esto es una pena menor a la señalada por ley, además de ser bastante flexible para el cumplimiento de las firmas del sentenciado, todo ello debido a que habría recibido también a cambio de este pronunciamiento algún beneficio personal o pecuniario.
Un tercer caso contra Cabrera, es el de "Jorge Enrique Bazán Aguilar por delito de tráfico ilícito de drogas, en agravio del Estado".
En este proceso la magistrada quejada expidió sentencia absolviendo al procesado de los cargos imputados en su contra, argumentando que la investigación policial no le había creado
certeza sobre la participación dolosa del encausado.
En una nota de prensa, se informa que la OCMA busca establecer la existencia o no de indicios sobre las presuntas irregularidades denunciadas por la ex trabajadora judicial Margaret Huamán Ponce.
La medida dispuesta por el órgano contralor se debió por tres casos específicos en donde presuntamente se habrían cometido diversas inconductas funcionales.
En el primer caso, denominado "Caso Magaly Medina y Ney Guerrero, por delito de difamación, en agravio de Paolo Guerrero", se indica que la jueza Cabrera habría emitido la sentencia a favor de Paolo Guerrero como resultado de un supuesto soborno que le hizo la familia del futbolista.
Refiere que la entrega de la "coima" se realizó una reunión llevada a cabo en el domicilio de Vega Vega y que la entrega de dinero se habría realizado por parte del padre del futbolista agraviado envuelto en papel higiénico.
Cabrera también será investigada por el caso de "Miguel Alvarado Ortega, por delito de estafa en agravio de Arturo Wertheman Rivas".
Al respecto se señala que la magistrada Cabrera, a pesar de las pruebas contundentes en contra de Alvarado Ortega, le impuso cuatro años de prisión suspendida en forma condicional por el plazo de tres años, así como el pago de diez mil nuevos soles.
Esto es una pena menor a la señalada por ley, además de ser bastante flexible para el cumplimiento de las firmas del sentenciado, todo ello debido a que habría recibido también a cambio de este pronunciamiento algún beneficio personal o pecuniario.
Un tercer caso contra Cabrera, es el de "Jorge Enrique Bazán Aguilar por delito de tráfico ilícito de drogas, en agravio del Estado".
En este proceso la magistrada quejada expidió sentencia absolviendo al procesado de los cargos imputados en su contra, argumentando que la investigación policial no le había creado
certeza sobre la participación dolosa del encausado.
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