Abogado de Patricia Benavides solicitó a la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, que se aparte de la investigación a su patrocinada

Juan Peña, abogado de Patricia Benavides, solicitó a la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, que se aparte de la investigación preliminar abierta contra su patrocinada por la presunta comisión del delito contra la tranquilidad pública –organización criminal y otros–, debido a una supuesta "falta de objetividad".

"Ante la reincorporación de mi patrocinada como fiscal suprema titular y, consecuentemente, como fiscal de la Nación, dispuesta por la Junta Nacional de Justicia, usted ha adoptado una postura abiertamente contraria y hostil a dicha reincorporación, negándose a cumplir dicho mandato. Tal conducta evidencia la enemistad o animadversión que usted mantiene hacia mi defendida, lo cual compromete severamente su imparcialidad y objetividad", señala la solicitud, con fecha 20 de junio, remitida a la Fiscalía de la Nación.

La defensa legal calificó como un "abuso de poder" que Espinoza Valenzuela se haya opuesto a la reincorporación de su clienta como fiscal de la Nación, tras una controvertida resolución de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) que revocó la destitución impuesta en mayo de 2024.

"Tal oposición no se ha limitado a un plano formal o administrativo, sino que ha estado acompañada de manifestaciones públicas, actos simbólicos (como la vigilia institucional realizada el 16 de junio de 2025), denuncias infundadas y calificativos como 'atentado a la democracia'", sostiene el documento.

Según Juan Peña, "estos hechos no solo demuestran una posición abiertamente contraria a la legitimidad del cargo que ostenta Benavides Vargas, sino que configuran un conflicto personal de alta intensidad, que compromete gravemente la objetividad que usted está obligada a observar en el marco de las investigaciones preliminares que dirige en razón de su cargo, y particularmente en aquellas que viene tramitando contra mi patrocinada, Liz Patricia Benavides Vargas".

"En consecuencia, existe un riesgo real y objetivo de que el proceso penal sea utilizado como un instrumento para fines personales ajenos a su verdadera finalidad: la determinación imparcial de la responsabilidad penal. Este riesgo es incompatible con los principios que rigen el ejercicio de la acción penal y constituye una razón suficiente para declarar fundada la solicitud de apartamiento de la investigación que postulamos", añadió.

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