El Ministerio de Relaciones Exteriores informó que los embajadores de Francia, Colombia, Australia y Canadá reconocieron la importancia de seguir los procedimientos establecidos en el Derecho Internacional para comunicarse con las instituciones del Estado peruano.
El Ministerio de Relaciones Exteriores señaló este lunes que los embajadores de Canadá, Francia, Colombia y Australia "expresaron sus disculpas" por la carta enviada al Congreso en la que manifiestan su preocupación por la ley que suspende el cobro de peajes durante el estado de emergencia.
Mediante un comunicado, la Cancillería señaló que este accionar contravino los procedimientos establecidos en la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas.
En consecuencia, los jefes de las misiones diplomáticas presentaron una nota "reconociendo la importancia de seguir los procedimientos establecidos en el Derecho Internacional para comunicarse con las instituciones del Estado peruano".
Por ello, expresaron sus disculpas, las cuales solicitaron sean transmitidas también al presidente del Congreso, Manuel Merino de Lama.
Asimismo, Cancillería informó que la aprobación de esta ley en el Congreso (N° 31018) ha motivado la presentación de un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional por parte del Ejecutivo.
La carta
Los cuatro embajadores habían enviado una carta al presidente del Congreso para advertir del "grave impacto que supone" la Ley N° 31018 para diversas empresas concesionarias de la red vial nacional, cuyas inversiones se originan en esos países.
En su pronunciamiento, los jefes de las misiones diplomáticas advirtieron que el impacto financiero en las concesiones es "incalculable " porque el plazo de la suspensión de los peajes resulta "incierto" debido a que la ley aprobada por insistencia en el Congreso prevé que esta medida se mantenga mientras dure el Estado de Emergencia.
"Además, indica que la suspensión de los peajes no causará ni generará derecho compensatorio, lo cual desconoce los mecanismos de negociación contractual estipulados en los respectivos contratos de concesión y el derecho de las personas a ser compensados por daños infringidos", advirtieron.
En ese sentido, señalaron que esto último ocasionará que los concesionarios afectados "puedan verse en la eventual necesidad de declararse en quiebra" y, además, ante la falta de liquidez, podrían no estar en la capacidad de brindar servicios esenciales como la operación, mantenimiento de vías y de auxilio mecánico "al no contar con recursos".
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