Permisos de pesca irregulares beneficiaron a 29 embarcaciones

El ministro de la Producción, Jorge Villasante, anunció hoy que 29 embarcaciones obtuvieron irregularmente permisos de pesca pese a que en su mayoría son embarcaciones fluviales u otros artefactos navales fluviales que no están preparados para operar en el mar.

“Son embarcaciones fluviales registradas ante la Dirección General de Capitanías (Dicapi) con permisos para transporte hidrográfico, frigorífico, remolcador, deslizador o de uso naval, que están operando como pesqueras, lo que es inaudito”, declaró.

Señaló que las 29 embarcaciones obtuvieron permisos de pesca irregular hasta por 300 toneladas cuando en realidad están preparadas para recibir una carga menor de aproximadamente 30 toneladas.

Entre las que obtuvieron irregularmente los permisos figuran embarcaciones fluviales preparadas para hospitales, hidrográficas, frigoríficas, remolcadores, empujadores, botes a motor y deslizadores.

Comentó que como resultado de las gestiones del ministerio en contra de las medidas cautelares irregularmente otorgadas, se ha logrado la suspensión de la titular del Tercer Juzgado Letrado de Surco y San Borja, Bertha Estrada, y del secretario de ese mismo juzgado, Dionisio Pampas.

Agregó que otro de los logros obtenidos es la resolución de la Oficina de Control de la Magistratura (Ocma) que establece que los jueces que no permitan la participación de los procuradores del Ministerio de la Producción en los procesos en los que se discute derechos de pesca en general cometerán falta disciplinaria grave.

Adicionalmente, dijo que existen tres sentencias que han declarado improcedente la demanda presentada por quienes obtuvieron los permisos irregularmente, por lo que los permisos otorgados irregularmente con las medidas cautelares que les permitía pescar quedan sin efecto.

También calificó de aberrante la primera resolución otorgada en virtud de la ley que regula el otorgamiento de medidas cautelares referidas al uso, aprovechamiento, extracción o explotación de recursos naturales hidrobiológicos, debido a que la fianza establecida no corresponde a la realidad.

“La primera resolución que nos ha llegado resulta aberrante y preocupante porque no puede ser que un juez considere que una embarcación de 300 toneladas de capacidad de bodega capture recursos por un monto de 20,000 soles en dos años”, indicó.

Villasante explicó que una tonelada de anchoveta en el mercado oscila ente 300 y 350 dólares.

“Vamos a seguir insistiendo para que multipliquen la capacidad en toneladas y el valor del recurso, y ese monto será lo que tendrán que poner como carta fianza”, subrayó.

ANDINA