Este anuncio se relaciona con el caso del periodista Alberto Ribera, que fue asesinado en 2004 tras denunciar al alcalde de Coronel Portillo, Luis Valdez.
El Poder Judicial se comprometió hoy con una misión de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), que se encuentra en Lima para revisar la libertad de prensa en el país, a crear un tribunal especial que tratará los delitos contra periodistas.
El anuncio fue realizado por el jefe de la delegación de la SIP, Gonzalo Marroquín, en una rueda de prensa en la que valoró positivamente la visita realizada a Perú, y en la que realizaron reuniones con el presidente del Poder Judicial, Javier Villa Stein, y con el mandatario del país, Alan García.
"El resultado es bastante positivo, sobre todo por el compromiso de las autoridades, que se mostraron no solo receptivas a los planteamientos de la SIP, sino abiertos a recibir en el futuro recomendaciones que pudieran contribuir a mejorar la libertad de prensa", afirmó Marroquín.
La creación de un tribunal especial que trate los delitos graves contra periodistas permitiría, según el jefe de la delegación y vicepresidente de la SIP, atender estos casos con celeridad y evitar posibles presiones sobre los magistrados.
Este anuncio se relaciona con el caso del comunicador peruano Alberto Ribera, que fue asesinado en 2004 tras denunciar al alcalde de la localidad de Coronel Portillo, Luis Valdez, de tener vínculos con el narcotráfico.
El proceso judicial de este caso, por el que se encontró culpable a los autores materiales pero absolvió a Valdez como autor intelectual, ha sido denunciado por presentar diversas irregularidades, incluidas amenazas de muerte a uno de los jueces.
Precisamente este caso fue tratado en las diferentes reuniones que la delegación de la SIP mantuvo hoy con altos funcionarios de Perú, lo mismo que otros como el cierre de la radio La Voz de Bagua, por presuntamente incitar a la violencia durante una protesta indígena que acabó con 34 muertos.
El Gobierno peruano canceló la licencia de esta emisora local el 8 de junio de 2009.
Sobre este último caso, el propio Alan García se comprometió hoy a revisar el caso, compromiso que la SIP puso como ejemplo de la buena recepción que ha encontrado durante su visita al país.
"Sabemos que existen algunos casos que afectan la libertad de prensa, pero no encontramos una política de Estado para limitar ésta y sin embargo se reconoce la necesidad de avanzar en cada uno de los casos", explicó Marroquín, quien añadió que esta situación es mucho mejor que la encontrada en otros países de la región.
EFE
El anuncio fue realizado por el jefe de la delegación de la SIP, Gonzalo Marroquín, en una rueda de prensa en la que valoró positivamente la visita realizada a Perú, y en la que realizaron reuniones con el presidente del Poder Judicial, Javier Villa Stein, y con el mandatario del país, Alan García.
"El resultado es bastante positivo, sobre todo por el compromiso de las autoridades, que se mostraron no solo receptivas a los planteamientos de la SIP, sino abiertos a recibir en el futuro recomendaciones que pudieran contribuir a mejorar la libertad de prensa", afirmó Marroquín.
La creación de un tribunal especial que trate los delitos graves contra periodistas permitiría, según el jefe de la delegación y vicepresidente de la SIP, atender estos casos con celeridad y evitar posibles presiones sobre los magistrados.
Este anuncio se relaciona con el caso del comunicador peruano Alberto Ribera, que fue asesinado en 2004 tras denunciar al alcalde de la localidad de Coronel Portillo, Luis Valdez, de tener vínculos con el narcotráfico.
El proceso judicial de este caso, por el que se encontró culpable a los autores materiales pero absolvió a Valdez como autor intelectual, ha sido denunciado por presentar diversas irregularidades, incluidas amenazas de muerte a uno de los jueces.
Precisamente este caso fue tratado en las diferentes reuniones que la delegación de la SIP mantuvo hoy con altos funcionarios de Perú, lo mismo que otros como el cierre de la radio La Voz de Bagua, por presuntamente incitar a la violencia durante una protesta indígena que acabó con 34 muertos.
El Gobierno peruano canceló la licencia de esta emisora local el 8 de junio de 2009.
Sobre este último caso, el propio Alan García se comprometió hoy a revisar el caso, compromiso que la SIP puso como ejemplo de la buena recepción que ha encontrado durante su visita al país.
"Sabemos que existen algunos casos que afectan la libertad de prensa, pero no encontramos una política de Estado para limitar ésta y sin embargo se reconoce la necesidad de avanzar en cada uno de los casos", explicó Marroquín, quien añadió que esta situación es mucho mejor que la encontrada en otros países de la región.
EFE
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