Informe sobre presuntos intereses de empresas privadas en aprobación de ley contra inmigrantes ocasionará reacciones políticas y sociales, dijo director del Centro de Inmigración en EEUU.
Tras revelarse que la cuestionada Ley de Arizona contra inmigrantes habría sido promovida por intereses privados, el director del Centro de Inmigración en los Estados Unidos, Aldo Castañeda pidió la intervención del Ministerio de Justicia del Perú con el objetivo de que investigue sobre tal hecho a fin de proteger el bienestar de los peruanos en dicho estado.
Indicó, además, que la presentación de este informe ocasionará repercusiones políticas y sociales en dicho estado norteamericano que espera que beneficie a los inmigrantes.
“Hemos pedido la intervención del Ministerio de Justicia para que intervenga y vea cual es el fondo de estas propuestas que, aparte de ser confrontacionales, iban a permitir el arresto de miles de personas que suman como 500 mil migrantes indocumentados en Arizona”, dijo en RPP.
“Mañana son las elecciones para renovar los congresistas estatales y federales y las autoridades públicas en el estado de Arizona y otros estados, entonces esto va a influir en el electorado ya que algunos tenían una sana preocupación en el tema migratorio”, indicó.
“La segunda repercusión es que va a generar una serie de paralizaciones y confrontación. A partir de ahora cualquier propuesta antiinmigrante la comunidad la va a revisar desde dónde fue elaborada y cuáles son los verdaderos intereses que se esconden detrás de esta propuesta”, agregó.
Castañeda informó que en Estados Unidos hay un millón de peruanos que buscan arreglar su situación legal mientras que en el estado de Arizona son unos 10 mil los compatriotas en este problema.
El informe de investigación presentado contra la controvertida ley es producto de meses de investigación sobre el financiamiento de las campañas de los congresistas que apoyaron con su voto su implementación, la misma que permitía el arresto de las personas que no tienen el estatus legal migratorio, sostuvo.
“Investiga el financiamiento, las corporaciones que están detrás del financiamiento e investiga también la manera como se ha redactado esa ley por el cual se ha encontrado una relación estrecha entre las corporaciones privadas encargadas de administrar las cárceles donde supuestamente iban a depositar a los miles de inmigrantes indocumentados y los legisladores que redactaron esta ley”, concluyó.
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