Defensoría del Pueblo, gobierno regional, Poder Judicial y la Policía Nacional lograron acuerdos para mejorar la salud, la educación y la seguridad de los jóvenes internos.
Representantes de la Defensoría del Pueblo de Piura, del Poder Judicial, del gobierno regional y de la Policía Nacional realizaron una inspección conjunta al centro juvenil Miguel Grau que alberga a adolescentes condenados por actos delincuenciales.
Tras la inspección se lograron acuerdos como la firma de un convenio entre el Poder Judicial y la Dirección Regional de Educación, para atender la enseñanza de los jóvenes infractores.
Asimismo, se informó que el sector Salud atenderá de manera inmediata los problemas de salud del centro juvenil.
Otro de los problemas que se abordaron en la reunión fue la seguridad externa del lugar. Para tal efecto, el coronel Juan Celi, jefe policial de Piura, asumió el compromiso de mejorar la situación de la seguridad al exterior de este local, intensificando el patrullaje en la zona, así como otras acciones que se implementarán a la brevedad posible.
Por su parte, los representantes de la Defensoría del Pueblo abogaron por los adolescentes y jóvenes indocumentados, indicando que más del 50 % están sin partida o documento de identidad. Indicaron que contribuirán con la identificación de cada uno de ellos.
En tanto, la Dirección Regional de Salud evaluará las condiciones de salubridad, sobretodo de los servicios higiénicos y de la cocina.
Se recomendó mejorar al personal con más profesionales en psicología, pues hay 121 internos que requieren de esta asistencia.
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