El doctor Miguel Guerrero calificó como una infamia la denuncia de una presunta interferencia en el caso Pucalá.
El presidente de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, Miguel Guerrero Hurtado, rompió su silencio y rechazó interferir en el caso Pucalá, luego que se difundiera un audio donde supuestamente exige a la jueza a cargo de la diligencia que culmine con la instalación de los administradores judiciales de la empresa, el pasado 16 de agosto.
Manifestó que en ningún momento ejerció influencia en el desarrollo del acto judicial; aunque reconoció que sí se comunicó con el fin de “exhortar” a la removida jueza Patricia Balarezo.
“Esto es una infamia y solo buscan hacerme daño. Me siento amenazado. No ejerzo interferencia y si en algún momento me comunico con los jueces es para exhortarlos a que resuelvan a la brevedad los casos. Lo negativo hubiese sido que llamara (a la jueza) para que no se ejecute la diligencia”, aseveró.
También dijo que la remoción de la jueza Balarezo se originó porque tenía información de que era víctima de amenazas, más no como un acto de represalia al no haber cumplido con la instalación de Ricardo Pereyra, Roberto Campos y Pablo Gutiérrez al frente de la azucarera.
No obstante, indicó que se someterá a las investigaciones correspondientes, teniendo en cuenta que fue denunciado ante el Ministerio Público y tiene una queja ante el Órgano de Control de la Magistratura por parte de un grupo de trabajadores de la empresa agroindustrial Pucalá.
Finalmente se refirió a la reciente resolución que emitió el Tercer Juzgado Civil de Chiclayo sobre el proceso que deja al margen a dos de los administradores y solo designa como gerente de la azucarera a Roberto Campos, indicando que “las disposiciones judiciales se deben cumplir”.
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