El gerente del hospital Guillermo Almenara, Jorge Amoros, informó que los dos funcionarios detenidos por el caso 'Los Ángeles Negros' eran nombrados y tenían muchos años en la institución.
Lima
Trabajadores implicados en cobros por camas UCI tenían como función agilizar atención de pacientes
El gerente del Hospital Guillermo Almenara de EsSalud, Jorge Amoros, informó este martes que los dos funcionarios detenidos por presuntos cobros indebidos por camas UCI para pacientes con COVID-19, eran trabajadores nombrados y con varios años de experiencia en la institución.
En declaraciones a RPP Noticias, indicó que ambos cumplían la función de agilizar la atención de pacientes en diferentes áreas del hospital.
"Son personal nombrado que tienen muchos años trabajando con nosotros y realmente es decepcionante ver que personas en las que uno confió se presten a este tipo de delitos", dijo.
La madrugada de este miércoles, en un megaoperativo en varios distritos de Lima la Policía Nacional detuvo a nueve personas presuntamente implicadas en la organización denominada 'Los Ángeles Negros' por hacer cobros de hasta 82 mil soles para dar acceso a camas UCI en el área COVID-19.
Entre los detenidos se identificó a Pedro César Pino y a Nery Magali Ochoa Menacho, quienes trabajaban como coordinadores de la Oficina de Atención de Hospitalización de la Red Prestacional Almenara.
En investigación desde abril
Amoros indicó que el caso de cobros por camas UCI se descubrió en abril de este año con la denuncia del familiar de un paciente fallecido por la COVID-19, a quien se le había solicitado un pago indebido. Esta denuncia fue trasladada a la alta dirección de EsSalud y se mantuvo en reserva durante las investigaciones hasta el operativo de este miércoles.
"Estamos llanos a brindar toda la información que se requiera para llegar hasta las últimas consecuencias, caiga quien caiga, esto no se puede pasar por alto, se está traficando con la salud de las personas", manifestó.
A través de un comunicado EsSalud informó que tras conocer los hechos en abril denuncio el caso ante la fiscalía anticorrupción y procedió a separar de sus cargos a los dos trabajadores administrativos implicados.
"Desde entonces la institución recabo toda la información respectiva para ayudar con la celeridad de las investigaciones y así hallar a los responsables [...] Han sido meses de investigación reservada de una trabajo conjunto y coordinado entre el Ministerio Público, la Policía Nacional del Perú y el Seguro Social en el marco de la lucha frontal contra la corrupción", dice el comunicado.
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