Vicisitudes del indulto a Alberto Fujimori, por Fernando Carvallo [COLUMNA]

Una de las exigencias más inapelables del Estado de Derecho es la vigencia de una Justicia independiente. Si algo ha quedado claro del caso Lava Jato es que el desarrollo de nuestro país y la calidad de los servicios públicos dependen de la lucha eficaz contra la corrupción, que como sabemos, se ha extendido a todos los ámbitos del Estado. Y sin embargo, cada día observamos que altos funcionarios optan por huir de la justicia y pretenden justificar su calidad de prófugos criticando a jueces y fiscales encargados de investigarlos y juzgarlos.

Así sucedió hace unos años con César Hinostroza, hace unos meses con dirigentes de Perú Libre y ayer con el ex Secretario General de la Presidencia, Bruno Pacheco. Es en ese contexto que debemos ubicar las reacciones ante el indulto humanitario restablecido a Alberto Fujimori. Con la misma convicción que correspondía aceptar el cumplimiento de la sentencia del Tribunal Constitucional, corresponde ahora aceptar la decisión anunciada ayer por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Nuestra adhesión al Pacto de San José data de 1978 y se ha formalizado en un Tratado Internacional ratificado por el Congreso. No podemos aspirar a integrarnos en el mundo, sin respetar nuestros compromisos jurídicos internacionales. A juzgar por los votos en minoría y de acuerdo a constitucionalistas de diferencias tendencias, la sentencia del Tribunal Constitucional adolece de graves deficiencias.

La Corte Interamericana tiene el deber de supervisar el cumplimiento de la condena de los casos Barrios Altos y La Cantuta. Por ahora lo único seguro es que “el desorden en las instituciones” denunciado por el abogado César Nakasaki, desacredita al Estado peruano, ofende a los parientes de las víctimas y perjudica al demandante del indulto, quien a los 83 años continuará observando desde la prisión los errores de algunos, las pasiones de muchos y la polarización de casi todos.

Las cosas como son