Arequipa registra treinta casos de corrupción en pleno estado de emergencia

El Ministerio Público investiga a funcionarios que habrían aprovechado la pandemia para cometer acciones ilícitas.  En la lista se encuentra la presunta sobrevaloración en la compra de mascarillas N95 por parte de la gestión del gobernador regional Elmer Cáceres Llica.

La mayoría de funcionarios públicos son investigados por los presuntos delitos de negociación incompatible, colusión y peculado. | Fuente: RPP/Arequipa | Fotógrafo: Fiscalía

Al menos 30 actos de corrupción que implican a funcionarios públicos se registraron en Arequipa, desde que inició el estado de emergencia. El Ministerio Público inició las investigaciones luego de encontrar indicios de hechos ilícitos dentro de diversas instituciones estatales.

Franklin Tomy López, presidente de la junta de fiscales, informó que la mayoría de servidores públicos son investigados por los presuntos delitos de negociación incompatible, colusión y peculado.

Dentro de los casos se encuentra la presunta sobrevaloración en la compra de mascarillas N95 de parte de la gestión del gobernador regional Elmer Cáceres LLica, que pagó por unidad 35 soles a la empresa Aruni Fernanda, dedicada al rubro de la construcción.

También se le investiga por las presuntas irregularidades en la construcción del centro de aislamiento para pacientes COVID-19 en Cerro Juli, la inversión de los viajes humanitarios y sobre las 20 mil pruebas rápidas que no llegaron al hospital regional Honorio Delgado.

El equipo de fiscales conformado por Marita Cueva, Arturo Valencia y Manuel Aquino, también investiga a miembros de la Policía Nacional por la compra de mascarillas y materiales a la empresa Grupo Valencia y Sakima, por el funcionamiento de grúas durante el estado de emergencia y por solicitar coimas a conductores.

Las municipalidades de Cerro Colorado, Sachaca, Cayma, Alto Selva Alegre, Caylloma, Yanahuara, Yura, Socabaya y Majes enfrentan procesos por la entrega de canastas de víveres. Mientras que funcionarios de Ocoña, Caylloma, Acari y Majes por irregularidades en el Sistema de Focalización de Hogares que permitió la entrega del bono de 380 soles a personas que no cumplían con los requisitos.

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