Benicio Ríos Ocsa
Parlamentario de Alianza Para el Progreso tiene un juicio pendiente por sobrevaluar el costo de la construcción de un mercado de abastos en Urubamba . | Fuente: RPP | Fotógrafo: Facebook

El congresista de la República Benicio Ríos Ocsa, afronta un proceso por la presunta sobrevaloración de la construcción del Mercado de Productores de Urubamba, ejecutado cuando fue alcalde de esa provincia, en Cusco.

Al parecer una obra que en la licitación tenía un costo de más de 7 millones de soles, finalmente costó más de 9 millones de soles. La diferencia, según aducen, correspondería al pago de gastos de liquidación y supervisión de la obra.

No asiste. Sin embargo el parlamentario no asiste a las audiencias, tampoco lo hace algún representante legal o abogado, por esta razón el juzgado a cargo ha solicitado la presencia de un abogado de la Defensa Pública, para una audiencia que se realizará la próxima semana.

Cuestiona falta. Este hecho fue cuestionado por el director de la Oficina de Defensa Pública y Acceso a la Justicia, Robert Chávez Hurtado, quien señala que el parlamentario tiene la capacidad económica para contratar a un abogado que lo defienda.

“Invocamos al señor congresista que tenga la amabilidad de designar su abogado particular para el proceso judicial que tiene pendiente…si vamos a participar definitivamente va a generar un costo por esa participación de entre 200 a 300 soles”, mencionó,

Deuda. En el año 2016, el congresista Ríos Ocsa, requirió los servicios de un abogado de Defensa Pública, para una audiencia por un caso de Colusión, por el que debía pagar la suma de S/255.57, esta deuda fue saldada un año después y luego de un escándalo mediático.

Carga procesal. Los abogados de la Defensa Pública, son designados cuando las personas que afrontan un proceso no pueden asumir los gastos por diversos motivos, este beneficio también es otorgado a personas con capacidad económica, siempre y cuando paguen por el servicio brindado.  

Sin embargo la alta carga procesal hace que muchos abogados estén saturados, por lo que se cuestiona que algunas autoridades que tienen solvencia económica recurran a los servicios, dado que existen personas con menos recursos a las cuales deben asistir.