Ica: OCMA suspende a jueces que dejaron libre a acusado de violación sexual

Los jueces Ronald Nilton Anayhuaman Andia, Diana María Jurado Espino y Lucy Juliana Castro Chacaltana fueron suspendidos preventivamente de sus cargos por seis meses, a través de una medida cautelar emitida por la jefa de la Oficina de Control de la Magistratura (OCMA), Mariem De La Rosa Bedriñana.

Como se recuerda, se trata de los jueces especializados integrantes del Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial Transitorio Zona Sur - de la Corte Superior de Justicia de Ica, quienes absolvieron a un presunto violador sexual. Parte del argumento que usaron fue la denunciante habría dado consentimiento porque usaba "una ropa de interior roja con encajes".

Según el comunicado de la OCMA, la medida cautelar fue dictada tras la revisión del informe de la Unidad de Prevención Especial que inició un procedimiento administrativo disciplinario a los tres jueces, por emitir una sentencia absolutoria contra un procesado por el presunto delito de violación sexual en agravio de una mujer.

La medida cautelar indica que los jueces habrían utilizado "afirmaciones que ofenderían la dignidad de la persona humana de las presuntas víctimas de agresión sexual por su carácter subjetivo y arbitrario, bajo una presunta visión estereotipada que revictimizaría a la agraviada por el propio Estado, a través de un Juez como operador de justicia".

Además, argumentan que resultaría "inconcebible" en un juez, que a una mujer que busca justicia por una presunta violación sexual o tentativa de esta, se le prejuzgue que por el tipo de atuendo haya tenido un consentimiento tácito.

Durante las investigaciones de la OCMA, se encontró en el equipo de cómputo asignado a dos de los integrantes del Colegiado, documentos ajenos a sus labores, los que evidenciarían presunto uso de bienes del Estado para fines distintos a su función de Juez, así como actos de patrocinio indebido.

Según la parte final del comunicado, las investigaciones continúan desarrollándose con apego a ley, y en estricto respecto al derecho de defensa de los investigados.