Formalización de taxis colectivos: ¿Ordenamiento del tránsito o legalización del caos?

"¡A Chimbote! ¡A Chimbote! ¡Sale uno! ¡Sale uno!", se escucha desde la garganta de un hombre con la camisa abierta en el pecho, cabello desprolijo y con periódico en la mano, que invita -y casi obliga- a viajar a una ciudad desde la puerta de un terminal de transporte interprovincial. A unos metros, espera un automóvil sedán con puertas abiertas y en cuyo interior tres pasajeros muestran la premura de estar en otro lugar-, mientras que el conductor se remanga el polo, se levanta y coloca la gorra tres veces, se limpia el sudor, termina la botella de gaseosa y se acerca a darle unas monedas al "jalador". Se alista para partir. El cuarto pasajero ha llegado.

Hace unos meses, este era el panorama en el óvalo La Marina de Trujillo. Antes de la pandemia de la COVID-19, el lugar tenía hasta dos puntos informales en donde los ciudadanos -apurados- tomaban un "colectivo" que los lleve a la ciudad de Chimbote por 20 soles, en solo una hora y media de viaje (una hora menos que en ómnibus), sin sacar boleto, sin llevar cinturón de seguridad, sin control del equipaje y, en algunos casos, hasta sin SOAT. Informalidad pura y dura.

El Congreso de la República aprobó este jueves el proyecto de ley para formalizar este servicio. La disposición deberá ser autorizada por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, para la circulación nacional o interregional; mientras que por los gobiernos locales y regionales en los ámbitos interprovincial e interdistrital.

La medida alcanza a las unidades vehiculares tipo sedán, station wagon, así como las 'van' o combis, que superan los ocho asientos.

En La Libertad, Lambayeque y Arequipa, el servicio de taxi colectivo informal opera desde años y muchas son las medidas ejercidas para erradicarlo. Con los gobiernos regionales, a través de operativos conjuntos con la Superintendencia de Transporte Terrestre, Carga y Mercancías (Sutran) y el Ministerio Público y, por los gobiernos locales, a través de los inspectores de transportes.

La observación principal contra el servicio es la falta de garantías para brindar un transporte seguro y, en tiempos del coronavirus, sería la ausencia de medidas de prevención para evitar el contagio.

Informalidad a través de los años

En Trujillo, el transporte de auto colectivo opera por más de 30 años y en la actualidad existen 29 empresas formales que abarcan, aproximadamente, 2 mil 300 unidades registradas y autorizadas por la Gerencia de Transporte de la Municipalidad Provincial de Trujillo.

El servicio, a nivel interdistrital, conecta principalmente a Trujillo con los otros diez distritos de la provincia, principalmente, El Porvenir, La Esperanza y Víctor Larco. Sin embargo, a nivel provincial, este servicio no está autorizado para ninguna de las rutas que ahora cubren en provincias como Otuzco y Virú, esta última en la ruta que lleva a la ciudad de Chimbote.

Para el ex gerente de Transporte Metropolitano de Trujillo, Víctor del Carpio, la ley para formalizar a los colectiveros confronta con el Programa de Transporte Nacional Urbano y el Sistema Integrado de Transporte para esta ciudad, que tiene unos 10 años de estudios; no obstante, el auto colectivo forma parte de una inevitable realidad.

Taxis como colectivos en numerosos paraderos

Según la Central Departamental de Colectivos de Lambayeque, en la región existen más de mil 500 vehículos informales que brindan el servicio de autocolectivo y se dirigen a los principales distritos.

El presidente de esta asociación, Jorge Andonayre, precisó que los informales en su mayoría son vehículos que tienen permiso para brindar el servicio de taxi pero se ofrecen como colectivos ante la falta de pasajeros.

Esa situación genera paraderos informales en el centro de Chiclayo donde se forman largas filas de vehículos para embarcar pasajeros, agudizando el tráfico.

En cuanto a las empresas formales, son 56 registradas que agrupan a 4 mil 500 autos colectivos, según indicó el dirigente.

Tanto en La Libertad como en Lambayeque, los colectivos y combis formales han dejado de trabajar como medida de las autoridades para evitar el contagio de la COVID-19; sin embargo, esto no ha dejado de lado a los informales que insisten en realizar el servicio muchas veces sin contar con las medidas de prevención adecuadas e incrementando la tarifa del servicio.

Rutas concesionadas, ley inviable

Al Sur del país, el escenario es otro. El subgerente de Transportes de la Municipalidad Provincial de Arequipa, Juan Carlos Callocondo, explicó que las rutas están concesionadas a través del Sistema Integrado de Transporte y no se pueden afectar los contratos establecidos.

Es decir, la denominada 'ley de los colectiveros' no se podría aplicar en Arequipa debido a que ya existe un marco legal que regula el transporte público.

“Los contratos de las rutas no pueden alterarse a una norma posterior a la entrega de las concesiones, por lo que la ejecución de la ley de los colectiveros es inviable”, señaló el funcionario.

Para el funcionario la norma del Legislativo entraría en conflicto con la Ley Orgánica de Municipalidades, además se han promulgado ordenanzas para regular la circulación de vehículos con ciertas características para el trasladado de personas.

En Arequipa, son más de mil 300 unidades las que realizan el servicio de trasladado de pasajeros de manera informal en rutas concesionadas.

Arequipa, La Libertad y Lambayeque son tres de las regiones que concentran el mayor parque automotor después de Lima y Callao, de acuerdo a la Sunarp.

La implementación de la ley no solo dispone la circulación de las unidades, sino también su adaptación para prevenir el contagio de la COVID-19.

Si bien la medida busca ordenar el servicio que en años de operación ha establecido paraderos, aunque informales, conocidos por los pobladores, también deberá establecer los lineamientos para que, con la crisis económica producto de la pandemia, no afecte aún más los bolsillos de las empresas que por la inmovilización social han dejado de laborar por más de dos meses.